Salida constitucional

El acuerdo alcanzado ayer en Tegucigalpa por representantes del depuesto presidente Manuel Zelaya y del gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti da paso al restablecimiento de la democracia, violentada por la intervención del Ejército para la instauración de un poder ajeno al constituido por la libre representación de la voluntad política de los hondureños. La solución de dejar en manos del Parlamento la decisión última sobre el regreso o no de Zelaya a la presidencia de Honduras permitirá dar una respuesta constitucional al conflicto interinstitucional que dio origen a su destitución por la fuerza. Pero tal decisión, que precisará la previa consulta del Legislativo a la Corte Suprema hondureña, deberá darse con absoluta libertad; y sin que la eventual resolución de que el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el 29 de noviembre se produzca con Zelaya fuera del palacio presidencial aparezca como una salida impuesta por la presión que pudieran ejercer los militares sobre un poder civil dividido. En el caso de que el Parlamento hondureño optase por no devolver a Zelaya a la presidencia sería del todo inadmisible que Micheletti siguiera ocupando de facto dicho poder, usurpado al margen de la legalidad. Sería tanto como desvirtuar el contenido del acuerdo alcanzado, impidiendo que los próximos comicios se celebren en las condiciones necesarias para que tras ellos vuelva la normalidad democrática al país. A nadie se le oculta que el acuerdo suscrito ayer entre los delegados de Zelaya y de Micheletti fue posible gracias a la influyente presencia de una comisión estadounidense en Honduras, encabezada por el subsecretario de Estado Thomas Shannon. Pero los esfuerzos de la comunidad internacional, y en especial de los países de la OEA, para reconducir la situación hondureña hacia un clima de mutuo reconocimiento y concordia entre las partes no pueden verse satisfechos con la firma del Acuerdo de Tegucigalpa-San José, sino que deben proseguir apoyando y garantizando las libertades. Sería deplorable que, incluso cubriendo algunos requisitos formales de toda democracia, se instaurase en Honduras un clima anómalo.