El Supremo tumba Las Aletas

Un gigante con los pies de barro. Ésta es la imagen que da el proyecto de parque empresarial científico tecnológico de Las Aletas. Un polígono preñado de una gran ambición en el que se han volcado las administraciones central y autonómica y que se derrumba con la demanda de un grupo ecologista. 287 hectáreas de marisma son la clave. El grupo conservacionista WWF/Adena puso una espada de Damocles sobre el futuro de este parque en junio de 2008. Presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra un acuerdo del Consejo de Ministros que data de abril de 2007. En este documento se declaró zona de reserva una superficie de 287 hectáreas. Éstas forman parte del dominio público marítimo terrestre. Los ecologistas aseguraron en la documentación que presentaron ante el Alto Tribunal que la declaración de reserva realizada por el Gobierno contravenía la Ley de Costas; que no se aseguraba la integridad y adecuada conservación de la zona; que no se garantizaba el uso público de estos terrenos que lo son de por sí; y que no existen razones justificadas para impedir el disfrute de estos terrenos por parte de la ciudadanía, como es el caso de un astillero, por ejemplo, que necesita estar ubicado junto al mar.

Y el Supremo les ha dado la razón. Ninguna espada de Damocles pende ya sobre el proyecto. El acero toledano ya ha atravesado las entrañas del parque, que podría estar herido de muerte al haber prohibido el tribunal que se realicen actuaciones en estos terrenos. El planeamiento del parque dividía las 527 hectáreas que lo componen en cuatro áreas. Una de ellas iba a estar dedicada a usos mediomabientales y de conservación. El Plan Especial de Las Aletas le dedicaba una superficie de 120 hectáreas. Las 287 que protege el fallo judicial son otras.

Adena confusa

Adena no parece tenerlo muy claro, sin embargo. Fuentes de la organización ecologista señalaron que «no se puede sacrificar el medio ambiente para un uso industrial porque existen otras alternativas» que no implican la instalación injustificada de industrias en el dominio público. Las mismas fuentes fueron incapaces de localizar dónde se encuentra la zona que pretenden proteger o si esa superficie coincide con la que el parque proyecta conservar en el seno del polígono.

El Consorcio de Las Aletas manifestó mediante un comunicado que ha decidido «ordenar de forma inmediata la suspensión provisional de las obras sobre los terrenos afectados». De esta forma, los trabajadores que acudieron ayer al tajo, no tendrán que volver el próximo día laborable, que será el martes. El grito de «Que entren los camiones» que pronunció la presidenta del Consorcio, Juana María Lázaro, el pasado 7 de septiembre para que se iniciaran las obras se ha trocado ya en un que salgan los camiones.

No han transcurrido dos meses y este organismo público participado por el Gobierno central y la Junta se ve obligado a parar la ejecución de los trabajos. El Consorcio aseguró que todas las administraciones que lo componen «mantienen su compromiso con el desarrollo del parque». El documento enviado a los medios apuntaba que ya se trabaja en la «búsqueda de alternativas para hacer realidad el proyecto», para lo que se va a realizar un estudio jurídico de la sentencia del Alto Tribunal.

Las reacciones

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, señaló que el fallo del Supremo se fundamenta en un defecto de forma que el Gobierno central puede subsanar en una nueva reunión del Ejecutivo. Apuntó que el proyecto está garantizado gracias a la aportación de suelos realizada por la Junta –aunque éstos tampoco están exentos de polémica por la problemática de las expropiaciones que se tuvieron que repetir–. «Es posible compatibilizar el cumplimiento de la sentencia con el desarrollo de la inversión prevista en este proyecto tan importante para la Bahía de Cádiz», dijo el consejero. Pizarro lanzó un mensaje de tranquilidad a los agentes sociales.

El sectretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, manifestó que «lo ocurrido es una foto de la incompetencia». Acusó también a la Administración autonómica de realizar un «serial de despropósitos» con la gestión del parque.

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, término en el que se encuentran los terrenos, afirmó que recibió la noticia «con impotencia, frustración y desespero». Ante la imposibilidad de recurrir la sentencia, el alcalde puertorrealeño expresó que «ahora sería muy fácil echarle las culpas a alguien», pero prefirió hablar «del presente y el futuro», y apeló al mantenimiento del consenso establecido con la Diputación, la Junta y el Estado, además de con los agentes sociales y económicos. El regidor estuvo en contacto telefónico con la presidenta del Consorcio y mantuvo una reunión de urgencia en Sevilla con el consejero de Empleo, Antonio Fernández. Barroso se dirigió a los promotores de la demanda, la organización ecologista WWF/Adena, a los que calificó como «integristas medioambientales».

jlopez@lavozdigital.es