Los reveses judiciales del parque científico tecnológico

Sentencias que arrastran acuerdos, proyectos que quedan arrastrados por sentencias que llegan de lejos y que ensombrecen el futuro. Fallos judiciales de expropiaciones ayer, hoy de protección medioambiental. Dos tremendos aletazos en el costado sangrante del parque de Las Aletas. El de ayer no es el primer revés judicial que se lleva este proyecto que podría llegar a crear hasta 30.000 puestos de trabajo según las previsiones de la Junta de Andalucía.

El primer varapalo se lo llevó en marzo de 2008. La Administración autonómica expropió 120 hectáreas para el proyecto. Los propietarios afectados discreparon con la Junta de las condiciones y recurrieron en lo contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó que el plan en el que se fundamentaban las enajenaciones era nulo. De esta forma, también lo eran las expropiaciones porque derivaban de este documento. Los expropiados ganaron estos litigios en cascada, uno tras otro.

Fuera de plazo

Y la Junta comenzó a recurrir ante el Supremo. Pero no todos. Se le pasó el plazo de uno de ellos. Todos tenían la misma argumentación, así que en cuanto uno de ellos pasó a ser sentencia firme por no haberse recurrido, todos los demás pasaron a serlo también. Las expropiaciones quedaban anuladas. Sin embargo, la Administración autonómica no devolvió los terrenos a sus legítimos propietarios.

En lugar de ello, inició un nuevo procedimiento expropiatorio que culminó el pasado verano. La Junta enajenó así unos terrenos de los que era titular según los libros del Registro de la Propiedad número 2 de El Puerto.

Y aún no habían concluido los varapalos judiciales. El TSJA también anuló el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por el que se establecieron los justiprecios para los expropiados en primera tanda. Mientras, la Administración continuaba con su segunda tanda de enajenación de terrenos.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, advirtió a los afectados que el Ejecutivo andaluz no tenía la menor intención de permitir que nadie se hiciera rico a costa de un proyecto que es de interés general para la Bahía. Aseguró que la Junta estaba dispuesta a ofrecer hasta 18 metros por metro cuadrado, muy lejos de las pretensiones de los afectados. Éstos, por su parte, continúan a la espera de que la Administración autonómica se ponga en contacto con ellos para iniciar las negociaciones. Queda ahora por dilucidar cómo se resolverá este último revés judicial.