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Opinion

Reto educativo

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La sugerencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para que la enseñanza obligatoria se prolongue hasta los 18 años ha sido acogida positivamente por organizaciones representativas de la comunidad educativa. Pero la propuesta abre un debate que debería afrontarse en profundidad, porque obliga a tratar buena parte de los problemas que atañen al deseable pacto educativo. El planteamiento del ministro va en consonancia tanto con el progresivo incremento de la esperanza de vida y la consiguiente prórroga en los años de actividad profesional, como con las necesidades formativas de una economía tecnificada. Además, la extensión del período educativo mediante el adelanto de la escolarización y el añadido de dos años a la edad obligatoria vigente podrían comportar una estimable mejora tanto para la formación específica como para el bienestar social. Pero lo fundamental del cambio sugerido no estriba en el incremento del período obligatorio, sino en la capacidad que el sistema demuestre para evitar que la enseñanza entre los 14 y los 18 años no sea un simple aparcadero para muchos jóvenes, como lo es ahora. Uno de los objetivos principales de la educación es propiciar la autonomía personal desde una edad temprana. La medida sería contraria a este objetivo si acabase acomodando al alumno en la inercia académica.

La prolongación de la edad obligatoria requerirá un apreciable incremento presupuestario, tanto para la ampliación de plantillas y recursos de los centros de titularidad pública como para cubrir las necesidades de los centros concertados. Pero de poco serviría ese esfuerzo añadido si los actuales dos cursos de bachillerato y la propia opción universitaria no encuentran itinerarios alternativos que motiven a las chicas y chicos que transitan de la adolescencia a la juventud y que sean validados por su nivel educativo y por su respuesta a las nuevas necesidades de empleo. El ministro Gabilondo ha aportado una idea sugerente para los contenidos de un pacto educativo duradero. Pero esa idea sólo tendrá sentido si en el debate se encara también la eventualidad de un bachillerato de tres cursos; y la idoneidad de un punto de ramificación en el sistema que permita conducir al alumnado a partir de los 14 años hacia áreas de conocimiento y formación libremente aceptadas y acordes con las necesidades a las que deberán enfrentarse en la edad adulta.