La Junta asegura que el proyecto de Las Aletas es "irreversible"

La Junta asegura que la construcción del polígono Las Aletas es irreversible y ha explicado que la decisión del Supremo de anular el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas de marismas a este proyecto se basa en un defecto de forma que será subsanado.

El consejero de Gobernación, Luis Pizarro avisa que la Junta de Andalucía acata la decisión del Tribunal Supremo que, según ha indicado, se fundamenta en un error de forma que el Gobierno central puede subsanar en una nueva reunión del Ejecutivo.

"La declaración de anular el acuerdo se basa en un defecto de forma, por lo que cabe la posibilidad de que el Gobierno, en un nuevo Consejo de Ministros, adecúe un nuevo expediente y subsane las deficiencia encontradas por el TS", ha dicho Pizarro, quien ha explicado que, de esta forma, se podría volver a actuar sobre las 287 hectáreas de marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz afectadas por la construcción del polígono industrial Las Aletas.

"Esto es lo que la Junta espera, por lo que el proyecto sigue adelante. Es irreversible y hay una apuesta firme y decidida del Gobierno central y andaluz para que este proyecto se convierta en un punto estratégico de creación de empleo y de desarrollo económico de la Bahía de Cádiz", ha añadido el consejero.

Mientras llega ese Consejo de Ministros que subsanaría los defectos formales encontrados por el TS, Pizarro ha asegurado que el proyecto está "garantizado" con la aportación de suelo realizada por la Junta, por lo que "es posible compatibilizar el cumplimiento de la sentencia con el desarrollo de la inversión prevista en este proyecto tan importante para la Bahía de Cádiz".

"Hablamos de un proyecto de actuación de más de 500 hectáreas y la sentencia afecta a 287", ha explicado Pizarro, quien ha apostado por que este "impasse" se supere una vez que el Consejo de Ministros subsane este defecto de forma.

Por otra parte, Pizarro ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los sectores económicos, sociales, sindicatos, empresarios y al Ayuntamiento de Puerto Real que pueden tener cierta "preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo.