El Supremo paraliza la obras de Las Aletas pero la Junta asegura que el proyecto es "irreversible"

El proyecto previsto para el nuevo poligono de Las Aletas puede quedarse en papel mojado tras una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el asentamiento de instalaciones para usos empresariales o recreativos en esta zona, ya que se incumpliría la Ley de Costas. De esta manera, el Supremo da la razon a la asociación ecologista WWF, que el pasado mes de junio presentó una demanda contra el expediente de Las Aletas, "por apreciar que la creación de una reserva para usos industriales en el dominio público marítimo-terrestre estaría infringiendo la Ley de Costas". Lo que se presumía iba ser uno de los mayores polígonos de España, con casi 300 hectáreas de suelo y de España, puede quedarse en nada. Además, se trataba de una de las mejores bazas para generar empleo en la provincia, con unas 10.000 nuevas ocupaciones.

El Tribunal Supremo ha dado un fuerte varapalo al proyecto del macrocomplejo tecnológico Las Aletas, que tanto Gobierno central como Junta de Andalucía plantearon como una solución a la crisis industrial que padece la provincia. La Justicia da ahora la razón a los ecologistas y anula la resolución del Consejo de Ministros que permitía el asentamiento de instalaciones industriales en una zona de elevado valor ambiental en las marismas gaditanas. El consorcio responsable del proyecto ha ordenado la suspensión inmediata de las obras en los terrenos afectados, pero insiste en que se mantiene el compromiso para sacar adelante el proyecto, para el cual ya están buscando alternativas.

El fallo del Supremo, hecho público hoy, estima que 287 de las 527 hectáreas previstas en el complejo pertenecen al Parque Natural Bahía de Cádiz y, por tanto, no es un terreno compatible con las pretensiones de las administraciones de crear allí un área de actividades industriales, logísticas y empresariales. Así, deja sin efecto la decisión del gabinete ministerial de abril de 2007 que declaraba dicha superficie, afectada como dominio público marítimo-terrestre, zona de reserva para el proyecto industrial.

La sentencia responde al recurso presentado por la organización Ecologista WWF-Adena en junio de 2008, en el que se alertaba de que la decisión del Ejecutivo "forzaba" la legislación de costas vigente (de 1988), que fija que la zona de playa sólo puede ser ocupada por instalaciones que, por su naturaleza no puedan tener otro emplazamiento, como pueda ser un faro o un centro de investigación. Y recuerda que los fines de la Administración deben ser asegurar la defensa y conservación de estos dominios y garantizar su uso público.

En este sentido, el Alto Tribunal estima que la reserva de los terrenos para el complejo Las Aletas se hacía de forma genérica y por tiempo indefinido, lo que resulta "difícilmente conciliable con la protección del dominio público marítimo-terrestre". Y matiza que "la reserva no puede ser declarada en términos tales que suponga necesariamente la destrucción de las características naturales del terreno hasta el punto de hacer inviable su recuperación, cerrando así, de manera definitiva, toda posibilidad de retorno a la situación anterior". El auto señala además que las administraciones no justifican adecuadamente que dicho emplazamiento sea la única opción viable para instalar el polígono industrial, y califica de "inexcusable" que el informe técnico carezca de un estudio de posibles alternativas. No obstante, el fallo concluye que no hay impedimento alguno para que los usos industriales y de ocio que pretenden llevarse a cabo en la costa se localicen en otra ubicación que no agreda de forma irreversible al medio ambiente.

El Polígono Industrial Las Aletas, ubicado en Puerto Real, se perfilaba como uno de los mayores del país, ya que preveía una inversión de 300 millones de euros y la creación de hasta 10.000 puestos de trabajo en una provincia con las mayores tasas de desempleo. Su puesta en marcha coincidió con la marcha de la multinacional Delphi, que dejó en la calle a cerca de 2.000 personas.

En un comunicado, el consorcio Las Aletas -participado por Gobierno central y Junta de Andalucía-- señaló que se iba a dar la orden para la "inmediata suspensión provisional de las obras sobre los terrenos afectados" y resaltaba su compromiso "en la búsqueda de alternativas para hacer realidad el proyecto".

Así, el consorcio público entiende que la decisión judicial implica un "replanteamiento del marco jurídico del proyecto", que pasa por una argumentación más detallada de las actividades permitidas en dichos suelos de dominio públic".

Por su parte, WWF aplaude la decisión del Supremo, "que permitirá salvar una de las zonas ambientalmente más castigadas de la provincia andaluza", según explicó el secretario general de la organización ecologista en España, Juan Carlos del Olmo, para quien es "incomprensible" que el Gobierno ampare "la destrucción del litoral para satisfacer intereses privados"