La nueva ley de Tráfico aportará 432 millones a las víctimas y a los planes de prevención

Los programas de seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas serán los grandes beneficiados de la nueva ley de Seguridad Vial, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. La nueva normativa prevé que el importe íntegro de las multas recaudadas por el Gobierno, que los presupuestos de la Dirección General de Tráfico (DGT) estiman en unos 432 millones para 2010, irá destinada a estos fines. Además, el texto aprobado agiliza los trámites burocráticos y el cobro de las sanciones.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró en su intervención parlamentaria que si un ciudadano comete una infracción y quiere pagarla «lo tendrá más fácil y más barato». Por el contrario, si quiere recurrir, «también lo podrá hacer mejor». Y es que se formalizan las llamadas multas exprés, ya que los diputados aprobaron un descuento de entre el 30% y el 50% para aquellas personas que paguen antes de 20 días.

Además, para aquellos infractores que no paguen o recurran, la nueva ley castiga su inactividad y la Administración ejecutará la sanción en 30 días. De esta manera, se quiere acabar con los limbos legales, como la falta de comunicación entre las diferentes adiministraciones y de la que se aprovechan los infractores. Interior calcula que de los 15 millones de sanciones que se imponen al año, 11 se realizan en las ciudades. En el caso de que el conductor quiera recurrir, ya no tendrán a su disposición el recurso de alzada, cambiado por el de reposición, porque el 95% de las denuncias son a favor de la Administración.

Comunicación

Los populares, en cambio, rechazaron esta ley que calificaron de «barbaridad jurídica». El portavoz del PP en la Comisión de Seguridad Vial, Federico Souvirón, consideró que la regulación «tiene poco que ver con la seguridad vial» y más con el «afán recaudatorio» del Gobierno. «Facilita a la Administración la recaudación de las sanciones de tráfico a costa de los derechos de los ciudadanos», apuntó. Mientras, su homólogo socialista, Carlos Corcuera, defendió que a partir de ahora se establecen «unas reglas de juego claras y transparentes».

La nueva reglamentación marca unas cantidades fijas para las multas. Se acabaron las horquillas de cuantías mínimas y máximas. Ahora, cometer una infracción leve costará 100 euros; la grave, 200 y la muy grave 500. Sin embargo, las infracciones por velocidad tendrán una cuantía y una escala diferente. También se incluyen sanciones nuevas, como manejar un navegador mientras se conduce o el cambio sancionador de los antirradares.

Llevar estos aparatos se considera a partir de ahora como una infracción muy grave, cuya multa asciende de los 150 a 6.000 euros, además de la pérdida de seis puntos. La normativa va más allá y también castigará a aquellas empresas instaladoras con multas de hasta 20.000 euros. En cambio, los diputados rechazaron algunas enmiendas aprobadas por el Senado, como la consideración de infracción grave parar en zonas de carga y descarga, en doble fila y aceras y pasos de peatones, o como muy graves las realizadas por las autoridades si ponen en peligro la seguridad vial.

Las nuevas tecnologías entran con fuerza en la seguridad vial Las empresas con vehículos están obligadas a cambiar su domicilio físico por uno electrónico, la Dirección Electrónica Vial (DEV), para recibir las comunicaciones; en cambio, será voluntaria para las personas físicas. Sólo seran necesarias dos notificaciones en papel, en vez de tres, y una en formato electrónico antes de su remisión al nuevo Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (Testra), que sustituirá a las actuales edictos en los boletines provinciales.

Sin suspensión temporal

La mayor parte de la ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el BOE, a excepción de los artículos referidos al conductor habitual y al Tablón Edictal, cuya aplicación legal será en el plazo de un año.

Sin embargo, la suspensión temporal del permiso de conducción se eliminará el día después de su publicación. Hasta ahora, los conductores sancionados hacían frente a una sanción económica, a la retirada de los puntos correspondientes y a la suspensión temporal del permiso. Ahora se quita esta suspensión de forma definitiva. Según los datos de la DGT, en 2008 se realizaron más de 100.000 suspensiones de permisos que supusieron unos 150.000 meses de castigo.