La cuarta reforma de la ley de Extranjería endurece la norma

El PSOE, apoyado por los nacionalistas moderados, logró ayer que el Congreso aprobase una reforma que endurece varios aspectos de la ley de Extranjería, pero que también garantiza mejor los derechos de los extranjeros irregulares. La norma, antes de entrar en vigor, deberá ser ratificada por el Senado, pero el Gobierno tiene garantizada su aprobación con los más de 180 votos de la alianza con CiU, PNV y Coalición Canaria. La izquierda se opuso a los cambios porque los considera «regresivos» y el PP, que votó en contra, dijo que «es una oportunidad perdida» y que España seguirá siendo «el paraíso de las mafias».

La reforma, la cuarta que sufre la norma desde el año 2000, tiene como uno de sus puntos más destacados el aumento del tiempo máximo que un inmigrante ilegal puede estar encerrado en un centro de internamiento en espera de su expulsión, que pasa de 40 a 60 días. Con esta medida se incrementa el plazo que tienen las autoridades para determinar a qué país deben repatriar al indocumentado y que es superior a los 40 días, lo que permite que el extranjero huya antes de que se sepa a qué país debe ser enviado de vuelta. Otra restricción es la limitación que se pone al reagrupamiento familiar, que se acota a los padres e hijos. Sólo podrán traer a España a los abuelos y regularizar su situación si son mayores de 65 años o existen razones humanitarias de peso. Para optar al reagrupamiento habrá que probar cinco años de residencia legal. Los hijos de los residentes podrán trabajar en cuanto cumplan 16 años.

Se eleva el control judicial sobre el funcionamiento de los centros de internamiento, que además podrán ser visitados por las ONG. De igual manera, los extranjeros sin papeles que denuncien maltrato doméstico no podrán ser expulsados y se regularizará su situación si la sentencia confirma el delito. También tendrán facilidades para la residencia los que colaboren contra las mafias de la inmigración.