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La Guardia Civil custodia al alcalde de Santa Coloma. / REUTERS
ESPAÑA

Santa Coloma adjudicó este año obras por 12 millones a uno de los detenidos

La Guardia Civil detiene a otro empresario en Madrid e interroga a varios técnicos sobre 'pelotazos' millonarios

MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRIDActualizado:

Millones de euros y centenares de contratos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet están bajo sospecha en la trama Pretoria. Según los documentos incautados el martes por la Guardia Civil en la sede de la sociedad de promoción inmobiliaria municipal, Gramepark, sólo en los últimos 12 meses ese consistorio barcelonés ha adjudicado 12,4 millones de euros en concursos públicos a Proinosa, la principal constructora implicada en el escándalo y que preside Josep Singla, uno de los dos empresarios catalanes detenidos el martes en la redada y vicepresidente del Gremio de Constructores de Barcelona.

Gramepark, la sociedad que aparece en el centro de la red investigada y que hasta ahora dirigía el concejal de Urbanismo, el también arrestado Manuel Dobarco, ha entregado a Proinosa cinco de los más jugosos contratos de construcción municipal del último año, entre ellos la edificación de tres aparcamientos por 3 y 3,4 y 3,7 millones euros.

Los especialistas de la UCO comenzaron a tomar declaración ayer a los ocho detenidos que permanecen en dependencias del cuartel del instituto armado de la localidad de Sant Andreu de la Barca, a la espera de que hoy sean llevados a Madrid para pasar a disposición de Baltasar Garzón, probablemente mañana. Los interrogatorios se centraron sobre todo en el papel de cinco de los sospechosos: el ex diputado socialista Luis García Sáez, quien, según los investigadores, era el gran muñidor de la trama y la persona que intermediaba entre socialistas, convergentes, empresarios y Ayuntamiento para cerrar los negocios; el alcalde Bartomeu Muñoz y Dobarco, su hombre de confianza en Urbanismo; y los dos constructores acusados de pagar mordidas para hacerse con los contratos, el propio Singla y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.

El volumen de adjudicaciones es de tal envergadura que la Guardia Civil pidió ayer ayuda a los funcionarios del Ayuntamiento para tratar de desenmarañar la madeja de contratos. Los agentes llamaron a declarar como testigos al cuartel de Sant Andreu a varios técnicos municipales y al alcalde interino del municipio, el socialista Joan Carles Mas.

Los agentes centraron sus preguntas sobre dos importantes proyectos inmobiliarios en el municipio que han movido varios millones de euros: el denominado Plan Local de Vivienda 2007-2011 con la construcción de 1.120 pisos y el proyecto Cubics con la edificación de 150 viviendas, un hotel, un multicine y la urbanización de 65.000 metros cuadrados. Los funcionarios también investigan el papel en esta red de tres empresas radicadas en la capital catalana que la Guardia Civil registró el martes. Se trata, según fuentes del caso, de Versabitur, Capital City Consulting y Poliafers, esta última firma «relacionada familiarmente» con uno de los ex dirigentes de CiU arrestados, Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol.

La UCO, por otro lado, continúo ayer con la operación Petroria. En Madrid, los agentes arrestaron a Manuel Carrillo Martín, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterranea, beneficiada con dos concursos de Santa Coloma para, entre otros servicios, prestar servicios de «limpieza de edificios, de imbornales y de jardinería», además de la «recogida de muebles» de la vía pública y el «mantenimiento de la iluminación pública».