Asociaciones agrarias aparcan sus diferencias y convocan al campo andaluz a una movilización

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han dejado a un lado sus diferencias y se han unido en la convocatoria de un paro general en el sector agrario y ganadero español para el 20 y el 21 de noviembre, día en el que también habrá una manifestación en Madrid, y prevén que sea un éxito.

Los dirigentes de las tres organizaciones informaron ayer, en rueda de prensa, en Sevilla, de dichas movilizaciones, que fueron anunciadas hace unos días también en Madrid, y a las que prevén una buena respuesta de los agricultores y ganaderos, si bien aún no disponen de datos porque están trabajando para poner en marcha los desplazamientos desde las distintas provincias hacia Madrid.

«El campo se arruina, exigimos soluciones» es el lema de las protestas que encabezan las tres organizaciones agrarias en España, y que alertan de que el desmantelamiento de este sector empobrecerá el medio rural. «La llegada a la ciudad es muy corta pero la vuelta al campo es un camino muy largo», resumió el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, para explicar que la crisis del sector agrario conducirá a que se pierdan muchos pueblos y a que aumenten los cinturones de pobreza en las ciudades, así como a un mayor envejecimiento de los activos agrarios.

El secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, denunció que se ha producido una «crisis histórica» de los precios de los productos agrarios al haberse eliminado todos los mecanismos de regulación del mercado y por el avance de la gran distribución, ya que siete firmas deciden los precios que pagan a los productores.

124.000 empleos perdidos

Según los datos incluidos en el manifiesto conjunto, en los últimos cinco años (2003-2008) la renta agraria real total ha descendido un 26%, según datos del Ministerio que dirige Elena Espinosa, y se han perdido 124.000 empleos.

En el mismo periodo se produjo un incremento «espectacular» de los costes de la producción agraria (34,3%), los cuáles representan ya un 86% de la renta agraria.

Las asociaciones exigen al Gobierno central que tome cartas en el asunto y que ponga en marcha mesas de negociación sobre determinados asuntos como fiscalidad, financiación competencia y distribución, entre otros, para buscar soluciones. Espinosa, subrayó ayer el trabajo de su departamento por la «viabilidad futura» de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria agroalimentaria, y aseguró que todos ellos son sectores «estratégicos» para el Gobierno.

La organización agraria Asaja acusó al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y a su dirigente Juan Manuel Sánchez Gordillo -que además es alcalde de Marinaleda- de «fomentar el racismo y la xenofobia» en el campo al «expulsar a los trabajadores extranjeros de los tajos». Según indicó la organización agraria en una nota, la recolección de la naranja se vio ayer «violentamente interrumpida» en los municipios cordobeses de la vega del Guadalquivir en donde piquetes «descontrolados», instigados por el dirigente del SOC Juan Manuel Sánchez Gordillo, «levantan los tajos y expulsan a los trabajadores extranjeros de las cuadrillas, pese a que estos cuentan con todos sus requisitos legales para trabajar en España».

Aseguró que esta actuación «xenófoba», con la que se persigue «expulsar del campo a los trabajadores que no tengan la nacionalidad española, cuenta con la anuencia y la complicidad de los alcaldes de Palma del Río, Posadas y Hornachuelos».

El Sindicato Andaluz de Trabajadores en Córdoba no tardó en reaccionar ante estas declaraciones. Su responsable, Javier Ballesteros, consideró en declaraciones a Europa Press una «provocación y un descaro» la acusación hecha por Asaja. «Decir eso del sindicato y de los trabajadores es no tener vergüenza», acotó.