Deterioro catalán

La detención por orden del juez Garzón del alcalde de Santa Coloma de Gramanet y del responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, junto a quienes fueran respectivamente consejero de Economía y secretario general de la Presidencia con Pujol, Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, y a los empresarios del sector de la construcción inmobiliaria Josep Singla y Lluís Casamitjana, apunta a la existencia de una trama de corrupción con indudables efectos sobre la responsabilidad de las dos principales formaciones políticas de Cataluña. El anuncio por parte de los socialistas catalanes de que «si la autoridad judicial toma medidas» exigirán la renuncia del primer edil de Santa Coloma, el cual sería suspendido de militancia, contrastó ayer con la distancia con la que el secretario general de los convergentes, Felip Puig, afrontó la situación de Alavedra y Prenafeta, apelando a la presunción de inocencia respecto a ambos detenidos mientras señalaba que ya no forman parte de la dirección de CDC. No es fácil obviar la sensación de que los dirigentes del socialismo catalán recibieron la noticia como si ya la temieran. Especialmente cuando el inmediato relevo al frente del Consistorio de Santa Coloma comenzó a circular antes incluso de que el PSC estuviera en condiciones de confirmar cuál era la situación del alcalde, Bartomeu Muñoz.

Desde que, tras acceder a la Presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall se refiriera al pago estipulado de una comisión del 3% en las concesiones dependientes de la institución antes de su llegada, la convicción de que una parte de las relaciones entre lo público y lo privado estaban sujetas al cohecho adquirió carta de naturaleza en Cataluña. La sospecha de que el tráfico de influencias y favores de naturaleza delictiva forma parte del paisaje contribuye a asentar el propio ilícito en la conciencia ciudadana, al tiempo que afecta a la credibilidad democrática de las instituciones. Cuando aún no se han depurado las primeras responsabilidades respecto a caso Millet, los partidos y las instituciones catalanas tienen la obligación de enfrentarse al trasfondo político que encierre esta última intervención judicial con la firmeza suficiente para desterrar tanto las prácticas como las sospechas de corrupción pública. La proposición acordada ayer por el PSOE y ERC para endurecer las penas en los delitos de corrupción y prevenir la financiación irregular de los partidos debería servir para una urgente revisión de la legislación en todo aquello que pueda contribuir a acabar con la podredumbre del cohecho y del blanqueo de capitales.