Los delincuentes juveniles de Cádiz tardan hasta un año en ser enjuiciados

La falta de recursos en la jurisdicción de Menores ha sido denunciada por funcionarios, jueces y fiscales de la provincia. Y ahora es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) la que sitúa su lupa en los problemas que presentan estos juzgados en Cádiz, poniendo el énfasis en las repercusiones que soportan los jóvenes infractores. Un informe elaborado por este colectivo concluye que la situación es desastrosa y en rueda de prensa, su portavoz, Rafael Lara, llegó a denunciar la «violación de derechos» que sufren los adolescentes que son enjuiciados por esta rama.

Una de las variables que analiza el estudio es la sobrecarga que presenta el único órgano de esta jurisdicción en la capital, el cual llegó a ser el que más asunto tramitó de toda España en 2005 -según la ratio de casos y número de juzgados-. Dicha saturación provoca disfunciones, ya denunciadas por el último juez titular de este órgano, Enrique Ramírez, como el tiempo que tarda un caso en enjuiciarse desde que concluye la instrucción. El informe sitúa esa espera media en un año: «Probablemente las circunstancias personales del menor han variado notoriamente desde que los hechos se han cometido».

Pero después de que se dicte sentencia, el procedimiento no se agiliza, ya que el infractor puede llegar a esperar hasta 10 meses a que se ejecute una medida en régimen abierto por falta de recursos. Otra de las dificultades que existen para la aplicación de la Ley del Menor, en su apartado de medidas en beneficio de la comunidad, es la falta de convenios para realizar estas prestaciones. La APDHA enumera en su estudio los 13 ayuntamientos que aún no han suscrito con la Delegación Provincial de Justicia ningún acuerdo en esta materia, impidiendo que en su municipio los menores infractores puedan cumplir penas alternativas a la privación de libertad. Entre esos municipios están algunos de peso como Algeciras, Cádiz o San Fernando.

Fuga de funcionarios

Este conjunto de dificultades, como incide Pro Derechos Humanos, ha convertido al juzgado de Menores de la capital en una sede «de clara interinidad», decía ayer Rafael Lara, ya que «personal altamente cualificado ha solicitado el traslado». Tal es el caso del juez titular, que en primavera cambió de destino y a día de hoy su plaza es ocupada por una jueza sustituta. El informe destaca la necesaria especialización de todos los actores que intervienen en estos procedimientos para que se apliquen las medidas más correctas en función del perfil y el delito perpetrado por el menor.

Y el mejor de los rostros para evidenciar la precaria situación de esta jurisdicción es el edifico que alberga el juzgado de Cádiz, que según adelantó este medio será reubicado en el Palacio de Justicia de la Cuesta de las Calesas. En este sentido, Rafael Lara reclamó, en nombre de su colectivo, «el urgente traslado», ya que las actuales dependencias «no garantizan la intimidad ni la seguridad del menor» y carecen de instrumentos como las videoconferencias que evitaría traer a infractores internados en centros de fuera de la provincia.