El Constitucional incumple el plazo de su presidenta y no falla sobre el 'Estatut'

El Estatut sigue embarrancado en el Tribunal Constitucional. Pese a las optimistas previsiones de su presidenta, María Emilia Casas, no habrá sentencia en octubre sobre el recurso presentado en 2006 por el PP. Los magistrados han mantenido frenéticas reuniones en las últimas semanas, pero no avanzan y las posiciones se mantienen incólumes. Nada garantiza, pues, que la sentencia se conozca antes de fin de año, e incluso hay quien apuesta por un aplazamiento hasta después de las elecciones catalanas del otoño próximo.

El atrincheramiento de magistrados progresistas y conservadores, cinco de cada lado, en sus posiciones frustró un acuerdo del tribunal en julio pasado y sigue inmutable. A pesar de las negociaciones en despachos y restaurantes, y de los contactos telefónicos que los juristas han mantenido a lo largo del verano y septiembre, además de los debates en pleno de este mes, «no se ha avanzado nada o casi nada», según fuentes próximas al tribunal.

El 29 de septiembre, con la reanudación de las deliberaciones, la ponente del recurso, Elisa Pérez, colocó sobre la mesa el cuarto borrador de sentencia, que incorporaba las últimas propuestas y los débiles consensos tejidos en los meses previos. Como la tercera propuesta de julio, el nuevo texto se presentó con vocación de resolución definitiva. Sin embargo, en la más de media docena de sesiones celebradas no se ha avanzado ni un paso.

Voto de calidad

La presidenta, magistrada progresista, no está dispuesta a resolver el empate que cierra la mayoría de las discusiones con su voto de calidad porque cree que abocaría el recurso a una sentencia por los pelos y poco asumible. Si creyera suficiente el cinco a cinco habría cortado hace meses los debates, que ya duran más de 18 meses. Casas no someterá un borrador de sentencia a votación hasta que tenga asegurado al menos un respaldo de seis a cuatro o de siete a tres. Esos resultados implican que uno o dos de los magistrados conservadores se alineara con los progresistas. El texto resultante de esa correlación de fuerzas supondría una sentencia con más pegas al Estatut de lo que desean nacionalistas y socialistas catalanes y menos de las que reclama el PP.

Nadie duda a estas alturas que algunos aspectos, como la regulación del defensor del pueblo catalán o la ordenación territorial por comarcas (veguerías), llevan camino de ser declarados inconstitucionales. Aspectos tan polémicos como el Consejo de Justicia de Cataluña, las competencias exclusivas, las relaciones bilaterales con el Estado o la obligación de conocer el catalán podrían salvarse con una lectura flexible de la Constitución, pero sigue sin estar claro, mientras que la obligatoriedad del idioma tiene más detractores que partidarios en el tribunal.

Un aspecto sustancial, aunque en realidad testimonial, la definición de nación recogida en el preámbulo está en el alero, según fuentes próximas al órgano de arbitraje. Hasta el momento tiene muchas posibilidades de que todo el paquete identitario, que incluye del himno, la bandera y la Diada como «símbolos nacionales», sea declarado inconstitucional. No sólo lo defienden los conservadores sino que también piensa así algún progresista.

Los magistrados propuestos por los socialistas mantienen la esperanza de que puedan atraer a su campo a algún conservador moderado. Creen que juega a su favor la doctrina de presunción de constitucionalidad de las leyes, y más en el caso de un Estatuto aprobado por los parlamentos autonómico y nacional, respaldado en referendo y con tres años de vigencia.

Casi dos años lleva pendiente la renovación del Constitucional. Y cuando se buscan las causas, surge el recurso del PP contra el Estatut. El texto llegó a la institución en 2006, pero no se sometió a deliberación en pleno hasta mayo de 2008, a raíz de la muerte del magistrado conservador Roberto García Calvo. Aquel deceso tuvo una derivada clave: acabó con la mayoría conservadora y volvió a dejar la sala en empate a cinco, un equilibrio que se había perdido cuando los populares lograron la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps.

El proceso de elección de los sustitutos de la presidenta, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde, se bloqueó. El PP no tenía nada que ganar, y sí mucho que perder, y propuso al Senado dos candidatos que sabía inasumibles para el PSOE por su beligerancia contra el Gobierno: los hasta hacía unos meses portavoz y presidente del CGPJ, Enrique López y Francisco José Hernando.

Los socialistas -que en un primer momento se movieron rápido para la renovación y colocarse con una mayoría de seis o siete a cuatro- ya tenían menos prisas, porque habían recuperado la ventaja progresista gracias al voto de calidad de la presidenta. Sabían que renovar la corte obligaba a comenzar las deliberaciones del recurso desde el principio.