UGT solicita a Hacienda una actuación más decidida contra el fraude

UGT considera «notoriamente insuficientes» las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal que realiza la Agencia Tributaria, y demanda al Gobierno más medios y recursos para atajarlo. En un comunicado, el sindicato pide modificar los sistemas de control de la evasión de impuestos, más medios materiales y humanos y una organización más eficaz.

Un informe realizado por UGT a partir de análisis de especialistas denuncia que en España existe «un elevado nivel de fraude», que el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) equipara con el 23 % del Producto Interior Bruto (PIB). Eso supone unos 240.000 millones de euros que escapan al pago de impuestos cada año.

La organización sindical argumenta que si la economía sumergida se redujera diez puntos, hasta el 13 % del PIB, donde los expertos sitúan la media de los países del entorno, el Estado recaudaría 38.000 millones adicionales al año, 25.000 de ellos correspondientes a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Ese importe superaría, en sólo un ejercicio, los ingresos de Hacienda en los últimos ocho años por actuaciones contra el fraude. El dinero, subraya UGT, podría ir a «prestaciones sociales» e «importantes proyectos de inversión» que situarían a España al nivel de sus socios europeos.

Poco personal

La central sindical resalta la «clara insuficiencia» de personal encargado de controlar la actuación fiscal de las grandes empresas. Según los datos que maneja, sólo hay 95 funcionarios para inspeccionar a 30.000 grandes corporaciones que facturan más de seis millones de euros cada una. El censo de contribuyentes obligados a declarar supera los 17 millones, entre los que hay 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Y sólo hay 1.600 inspectores para supervisar sus declaraciones, de los que el 50 % son directivos que no realizan labores de gestión directa.

UGT propone un «análisis profundo» de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral, para conocer su alcance real y tomar medidas. También sugiere coordinar entre sí a las distintas administraciones tributarias y desarrollar una «importante labor» de concienciación social para acabar con el «criterio generalizado de que quienes más defraudan están impunes y que no es eficaz la lucha contra el fraude».