Las eléctricas reclaman otra subida de la luz ante el colapso económico del negocio

No se han cumplido cuatro meses de la liberalización eléctrica en España y dirigentes de las grandes empresas del sector ya reclaman una subida del recibo de la luz para evitar el colapso económico de su negocio. En la raíz de tal contradicción está, una vez más, la crisis económica. El desplome de la demanda eléctrica agudiza los desequilibrios de un sistema poco eficiente.

El multimillonario déficit de tarifa acumulado, la carísima apuesta por las renovables y el compromiso con el carbón nacional siguen ahí y cada vez se dispone de menos dinero para atenderlos. Por eso, las compañías aseguran que «todavía hay margen» para aumentar el único precio que aún se decide por decreto, la superviviente «tarifa de último recurso» que pagan 23 millones de consumidores domésticos.

Con Endesa controlada por los italianos de Enel, Viesgo en manos de los alemanes de E.On y Cantábrico en la órbita de los portugueses de EDP, han hablado los responsables de los dos grandes grupos nacionales Iberdrola y Gas Natural-Unión Fenosa. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, han pedido que se eleve la tarifa, y que al consumo eléctrico se le aplique el IVA reducido -todavía del 7 %, aunque subirá al 8 % en julio próximo- frente al 16 % vigente, que se convertirá en el 18 % a mediados de 2010.

La tarifa doméstica ya se ha incrementado dos veces este año, un 3,5 % en enero y un 2 % adicional en julio. Cierto que se mantiene por debajo de la media europea, pero tras un periodo de aplicación de precios políticos -que se extendió entre 1999 y 2005-, la escalada ha sido muy notable. Sólo en los dos últimos años se ha encarecido casi un 30 % el kilowatio por hora y otro 6 % el abono por potencia contratada, aunque en algunas ocasiones se han penalizado más los contratos y consumos más altos.

Pero hay opiniones de todo tipo. Mientras las eléctricas alegan que todavía 12,6 millones de hogares pagan 1,13 euros al día, el precio de un café, por el suministro eléctrico, la Comisión Nacional de Competencia acusa a las compañías de pactos para encarecer la generación en el mercado mayorista liberalizado. Ese precio es el que lo determina todo, incluida la tarifa de último recurso.

Insostenible

Para dar estabilidad al sistema en el futuro, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un pacto por la energía, a consensuar con el Partido Popular, pero en el día a día del sector hay muchísimos frentes abiertos... o cerrados en falso.

La crisis económica es la causa de que la demanda eléctrica acumulada este año sea un 4,8 % inferior a la de 2008. El dato es de septiembre y se espera una ligera mejora que permitirá cerrar el ejercicio con un retroceso del 4 %. La menor demanda ha coincidido con la conclusión de muchas inversiones, y un crecimiento notable de la potencia instalada. Vendrán tiempos mejores que la harán necesaria, pero el actual desajuste ha obligado a abordar el cumplimiento de los compromisos con el carbón nacional y refrendado que los incentivos a determinadas energías renovables son en realidad insostenibles.

Sin olvidar que sobre el recibo de la luz pesa una hipoteca muy gravosa. En los años de recortes de tarifa, el Gobierno reconoció a las eléctricas unos costes que no se cubrían con los ingresos. Ahora se está repercutiendo en las facturas el reintegro, más los intereses, de un déficit acumulado que todavía tiene pendientes de pago 17.294 millones de euros. Los consumidores lo vamos a pagar en el plazo de 15 años, junto con una escalada de tarifas que será más acusada porque la generación eléctrica tendrá prohibido presentar números rojos en el año 2013.

Energía 'verde'

La apuesta decidida por la energía verde tiene, por otra parte, un sobrecoste muy elevado. La proyección de las cuentas del sistema eléctrico en 2009 revela, por ejemplo, que la rebaja del precio de la materia prima se ha visto contrarrestada con una escalada del resto de los costes del sistema. Mientras el transporte, la distribución o la comercialización se han encarecido ligeramente, el total se ha disparado por el reembolso del déficit heredado (1.468 millones de reintegro del capital, más intereses) y por los 4.772 millones de las primas que se pagan en el régimen especial, es decir, a las energías renovables, un 170 % más que hace cinco años.

Producir un kilowatio de energía verde sale entre dos y diez veces más caro que la generación convencional. Con el añadido de que es de obligado consumo toda la producción de este tipo de instalaciones y se ha fijado un objetivo de alcanzar la cuota del 40 % de producción de electricidad con tecnologías renovables en el horizonte del 2020, frente al 28 % ya alcanzado en el primer semestre de este año.

Que la factura se va a disparar y que las renovables también precisan de un «marco estable y sostenible» lo prueba el desequilibrio provocado por la atracción de los incentivos. Frente a un objetivo de 500 MW de instalaciones termosolares se presentaron propuestas equivalentes a un total de 4.000 MW. Cuando el Ministerio de Industria intentó poner freno a la situación derogando el pre-registro con una actuación de urgencia -una enmienda introducida en el Senado a la Ley de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Sistema Inmobiliario- tuvo que dar marcha atrás por la presión del sector y lo inadecuado del planteamiento. Todo está por hacer, en consecuencia, para poner orden en las renovables.

El pacto por la energía -una de las tres propuestas que, junto a la educación y la presidencia española de la UE ha realizado el Gobierno al PP como objeto de consenso- ya ha tropezado con una primera piedra.

Garoña, el primer obstáculo

El presidente popular, Mariano Rajoy, hace de la continuidad de la central nuclear de Garoña más allá de 2013 una pieza clave para lograr el entendimiento.

El Ejecutivo no incluye la generación con energía nuclear en la agenda de este acuerdo. Propone abordar, como asuntos de evidente urgencia, los costes de la producción, el desarrollo adecuado de las renovables, el ahorro energético para reducir la dependencia y los almacenamientos de residuos nucleares.