De la Vega dice que 'Gürtel' sólo es del PP y tacha a Camps de desvergonzado

El Gobierno ya no guarda silencio. Cuando se supo, gracias al sumario del caso Gürtel, que el dueño de una de las constructoras investigadas por la Justicia apeló a su «amistad» con una asesora de José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de obtener contratos públicos, La Moncloa optó por el mutismo. El intento del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, de desviar la atención del supuesto escándalo de financiación ilegal de su partido hacia la Administración central, en cambio, obtuvo una respuesta contundente. La vicepresidenta primera entró ayer como un miura al trapo tendido el jueves por el gobernante autonómico y aseguró estar muy sorprendida por la «desfachatez y desvergüenza con la que algunos están en política».

En realidad no son las palabras de Camps -quien aseguró que los «pretendidos amigos del PP son amigos de La Moncloa»- lo que sitúa al Ejecutivo en una situación incómoda. En el pinchazo telefónico que recoge una conversación entre Francisco Correa y el propietario de Teconsa, José Luis Martínez Parra, éste expresa su confianza en que se le adjudique una obra concreta de Adif (las cocheras de Valladolid) que finalmente fueron a parar a otras manos. Sin embargo, la Administración central otorgó contratos por más de 45 millones de euros a esta firma leonesa aun después de conocer que aparecía en los atestados sobre la trama y que su situación económica era delicada.

Estas adjudicaciones se encuentran recogidas en el Boletín Oficial del Estado. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó en un chat en los portales digitales de Vocento que las concesiones de obras fueron «lícitas y legítimas». Sea como fuera han dado al PP una munición inesperada con la que intentar arrastrar a los socialistas a su mismo infierno. «Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades», replicó la portavoz del Ejecutivo tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

La número dos del Gobierno ni siquiera entró a defender la idoneidad de los contratos realizados a través de los ministerios de Fomento, Medio Ambiente e Industria. Simplemente afirmó que las declaraciones de Camps «insultan a la inteligencia» de los ciudadanos y subrayó que el caso Gürtel «afecta única y exclusivamente al PP, se pongan como se pongan». «Así lo ha determinado la investigación de los jueces y de la Policía», insistió.

Incomparable

Alonso también se esforzó en intentar despejar el balón y lanzarlo de nuevo al tejado popular. Señaló que el hecho de que el Gobierno concediera obras a la constructora Teconsa -aunque fuera después de que Martínez Parra afirmara que en el palacio de La Moncloa le iban a «echar una mano»- no es comparable con la «estructura de corrupción» vinculada al PP ni con las «actividades delictivas e indeseables sobre las que su presidente no está dando explicaciones ni exigiendo responsabilidades».

En su caso, apenas hubo referencias a Camps. Fue Mariano Rajoy el objeto de sus críticas. Alonso le acusó de ser un líder «muy débil» por ser incapaz de reaccionar ante los escándalos de corrupción que salpican a su partido y por los «pulsos que le han echado en sus territorios los últimos días». «No tengo ninguna duda de que los ciudadanos facturan la corrupción y lo harán duramente», concluyó.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía adjudicaron obras por valor de más 20,1 millones de euros al grupo empresarial del constructor José Luis Ulibarri sólo días después de hacerse público que su nombre estaba en la lista de los primeros 37 imputados por el entonces instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón.

La identidad de Ulibarri fue una de las primeras en salir a la luz tras estallar el escándalo. La imputación del empresario leonés se conoció sobre el 10 de febrero de 2009, después de que la Brigada Antiblanqueo relacionara al empresario con el pago de millonarias comisiones para obtener una obra en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

El primero de los concursos millonarios a favor de la constructora Begar, buque insignia del grupo de Ulibarri, fue adjudicado una semana después por el Servicio Andaluz de Salud. Fueron 15,4 millones de euros para las «obras de reforma y ampliación» del Área Materno Infantil del Hospital Punta de Europa de Algeciras.

Sólo nueve días después, la Administración central firmó con la constructora por más de 4,2 millones de euros. La adjudicataria fue la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que se encargó de la «ejecución de las obras» del centro de inserción social de Valladolid para presos en régimen abierto. La delicada situación financiera de Begar entonces no pesó para ganar ambos concursos.