Excesiva ingerencia

El proceso electoral para renovar los órganos de gobierno de Caja Madrid está provocando una pugna abierta entre las máximas instancias de poder político de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en la que también aspiran a jugar un papel relevante, la cúpula del Partido Popular y el gobierno central activando una intensa agitación en torno a determinados candidatos para relevar al actual presidente Miguel Blesa. El choque de posiciones viene precedido de un dilatado contencioso entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo de la Comunidad cuyo arbitraje acabó en manos de los tribunales en forma de recurso contra los nuevos estatutos interpuesto por el alcalde Gallardón, disconforme con su cuota de poder en el gobierno de la cuarta entidad financiera de España. La llamativa disputa entre sectores de un mismo partido buscando alianzas en el ámbito sindical e incluso en otras siglas para imponer su candidatura y la mención del actual vicepresidente del gobierno madrileño como presidente in pectore, revelan la excesiva ingerencia del poder político a que está siendo sometida la entidad desmintiendo, en la práctica, los proclamados compromisos de impulsar una mayor profesionalización de las instituciones de ahorro. Esta ostensible lucha por el poder no favorece la consecución de un clima de estabilidad necesario en una caja de ahorros a quienes clientes y depositantes están demandando una gestión eficaz de sus depósitos e inversiones y la sociedad exige una fluida actividad crediticia hacia PYMES, familias y empresas que ayude en la superación de la crisis. Porque buena parte de los problemas actuales de orden financiero que están emergiendo en el sector de las cajas se ha gestado a partir de proyectos impulsados por los gobiernos locales con una evaluación relajada de los riesgos financieros. Pero tampoco la actual corriente de fusiones, con el peligro de desarrollar bancos regionales fuertemente politizados, y la premisa no confirmada de que el mayor tamaño asegura la eficiencia, constituyen la fórmula más deseable para el futuro. No obstante, mientras se abre una necesaria reflexión sobre los cambios regulatorios necesarios para facilitar un juego adecuado de contrapesos en estas entidades para hacerlas más eficientes, el poder político está obligado a promocionar a los máximos cargos directivos a gestores profesionales, aunque ello redunde en un recorte de su influencia y merme su cuota de poder.