El ex dictador uruguayo 'Goyo' condenado a 25 años de cárcel

La Justicia uruguaya ha condenado a 25 años de prisión al ex dictador 'Goyo' Alvarez por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, en una sentencia ejemplar que despeja más, si cabe, el camino hacia la anulación el próximo domingo de la Ley de Caducidad de delitos cometidos por la dictadura.

La sentencia, comunicada por el juez Luis Charles, se conoce tres días antes de que los uruguayos voten en plebiscito la posible nulidad de la ley que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías que sirvieron al "Gobierno de facto" entre 1973 y 1985.

Aunque había sido acusado en un principio del delito de "desaparición forzada", finalmente Gregorio 'Goyo' Alvarez (83 años) ha sido encontrado culpable de "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y también de un delito de "lesa humanidad". Fuentes judiciales indican que Alvarez no se ha llegado a presentar ante el Juzgado de la calle Misiones de Montevideo, que lleva su caso, tras alegar problemas digestivos en la prisión donde se encuentra.

El juez Charles también ha comunicado la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado igualmente de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.

Desaparición forzada

Alvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, entre 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya.

El ex dictador ha sido condenado a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze. Esta letrada ha abanderado la campaña judicial contra la Ley de Caducidad que llevó a que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la norma en tres de sus artículos.

Alvarez fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y presidente "de facto" desde 1981 hasta el fin de la dictadura, en 1985. La Fiscalía entendió durante su procesamiento que Alvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.

La Ley de Caducidad

La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 y ratificada en 1989, pero el Gobierno del Frente Amplio llegado al poder en 2005 dejó fuera de su alcance a una serie de casos, todos ellos relacionados con la desaparición o asesinato de disidentes uruguayos fuera del país o en camino hacia Uruguay. Así, la causa abierta contra Alvarez había sido declarada por el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez al margen del amparo de la Ley de Caducidad, al referirse su procesamiento al delito de "desaparición forzosa", relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.

Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta para acabar con opositores y disidentes, tanto en los propios territorios nacionales como en los de los países integrados en el plan. La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.

La inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ya había sido proclamada hace unos meses por el Parlamento y el Ejecutivo uruguayos, dominados por la coalición de izquierdas Frente Amplio.

La activista de derechos humanos Irma Leites ha afirmado que "no es una coincidencia" que se haga el anuncio de la condena a Alvarez a unos días del plebiscito, que coincide con unas elecciones generales en las que el Frente Amplio parte como favorito, y en la misma semana en que se pronunció la Suprema Corte de Justicia. No obstante, ha dicho, "esto va mucho más allá de la anulación de la Ley y de esta sentencia", pues "tenemos una lista de más de 400 militares identificados como torturadores durante la dictadura uruguaya" y "esperamos que sean llevados ante la Justicia"