Los empleados saben que el tramo atirantado se hará en la provincia

Se queda en Cádiz. No se va a ninguna parte. Los trabajadores de Dragados Offshore -según informó ayer el comité mediante un comunicado- ya han recibido la confirmación por parte de la dirección de la empresa de que serán los encargados de la construcción del tramo atirantado del nuevo puente sobre las aguas de la Bahía.

Como ya adelantó LA VOZ el pasado domingo, se trata de 1.300 metros de tableros metálicos. El conductor que vaya en sentido Puerto Real comenzará a rodar sobre éstos cuando haya pasado el tramo desmontable -que ya se construye en esta misma empresa del Bajo de La Cabezuela- y seguirá sobre ellos varios cientos de metros después de dejar atrás las aguas.

El nuevo encargo dará a Dragados Offshore carga de trabajo para 16 meses. Esto permitirá a la empresa mirar al futuro con cierto optimismo, ya que es de esperar que el final de la recesión haya llegado o, al menos, esté próximo.

Durante este tiempo, casi año y medio en totral, se crearán hasta 400 puestos de trabajo aproximadamente, aunque este número variará a lo largo de la ejecución de las obras.

La construcción de esta estructura se divide, según explica el comité, en 60 dovelas de 20 metros de largo y con un ancho que varía entre los 33 y los 34 metros. El peso de cada una oscila entre las 250 y las 300 toneladas. El peso total de la nueva obra que se realizará en los talleres de la empresa puertorrealeña será de 15.500 toneladas.

La obtención de este contrato supone todo un respiro para la compañía de ingeniería civil, que, desde hace cerca de dos años, ha recibido varios reveses. El más reciente fue el del proyecto Castor.

Promotora

La promotora de esta iniciativa es una filial del grupo empresarial ACS, al igual que ocurre con Dragados Offshore. Requería la construcción de una plataforma para alta mar.

Trabajadores, sindicatos y administraciones daban por hecho que la compañía de La Cabezuela fuera la adjudicataria de este proyecto. Pero no fue así, tan sólo se quedó con una parte de las obras, cuyo grueso fue a parar a los EE UU.

Los problemas comenzaron concretamente en junio del año 2008, que fue cuando MPF canceló la construcción de un superpetrolero de perforación de yacimientos que estaba situado en alta mar.

Desde entonces, la empresa ha sobrevivido con pequeñas participaciones en la construcción del segundo puente de acceso a Cádiz, que construye otra filial del grupo ACS.