El campo jerezano agoniza

Alfonso cultiva patatas en una parcela entre Jerez y Sanlúcar desde hace décadas y nunca ha vivido una situación tan dramática como la que está atravesando ahora el sector agrario en España, y en particular en la provincia. Este hortelano, como casi todos en el resto del país, ha visto cómo en los últimos cinco años su renta ha caído en un 26% y cómo la supervivencia de su negocio está en el aire a consecuencia de una diabólica conjunción entre un espectacular aumento de los costes de producción (el propio Ministerio lo cifra en el 34%) y una caída en picado de los precios que el agricultor cobra por su producto y que en algunos caso llega a ser del 60%. En concreto, en el caso de las patatas que él cultiva, en ahora se pagan un 48% más baratas que hace un lustro.

Precios de hace 30 años, pero sin que eso repercuta de forma positiva en el bolsillo del consumidor. Así lo explicaba ayer la organización agraria Asaja Cádiz, cuyo presidente, Manuel Vázquez, alzó la voz para hacer hincapié en que «las explotaciones están en riesgo, el sector se está descapitalizando y la situación es ya casi de ruina total». En otras palabras, «el campo está agonizando».

No hay ni un sector en la provincia de Cádiz que se libre del varapalo. Desde los cerealistas a los viñistas, pasando por los ganaderos o los productores de aceite, todos están en peligro y por eso desde la patronal agraria ayer instaban al Gobierno central a que «empiece a tratar este asunto como un problema de Estado, y ponga sobre la mesa soluciones de futuro». Sobre todo, a partir de enero cuando España se hará cargo de la Presidencia del turno de la UE.

Gran paro en el sector

Para reclamar al Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural que tome cartas en el asunto, las tres principales organizaciones agrarias del país (Asaja, COAG y UPA) han convocado un gran paro del sector agrario para los próximos 20 y 21 de noviembre, que culminarán con una manifestación multitudinaria en Madrid que se celebrará durante la mañana del segundo día.

Vázquez confió ayer en que en esta protesta participen no sólo los agricultores de la provincia -y del resto del país-, sino también «las organizaciones de consumidores, porque ellos también sufren en sus bolsillos los efectos de las malas prácticas de los grandes distribuidores, que con sus oligopolios impiden el normal funcionamiento del mercado».

En cuanto a la hoja de ruta que le presentarán al Ejecutivo, destacan medidas ya muy reclamadas como una Ley de Comercio -que controle precios y exija las mismas condiciones a las producciones de terceros países-, una fiscalidad adecuada al sector, la puesta en marcha del gasóleo profesional o una financiación real a las explotaciones «generadoras de empleo en la zona rural» a través de créditos ICO, entre otras.