La Janda y Costa Noroeste reclaman a la Junta más suelo para VPO y desarrollo turístico

Más terreno para viviendas de protección oficial y un pellizco de suelo para favorecer el desarrollo turístico cerca del litoral. Estas son dos de las reclamaciones más demandas a la Junta por los ayuntamientos de La Janda y la Costa Noroeste ante las nuevas directrices marcadas para la ordenación del territorio. La Administración regional ha puesto en marcha planes especiales supramunicipales con el fin de planificar los usos del suelo de una forma más amplia que la previsión que pueden hacer los planes urbanos locales.

La Junta tiene previsto aprobar 24 planes de ordenación territorial supramunicipal, los denominados POTS, antes de final de la legislatura. De momento, a la provincia afectan cuatro de ellos y dos ya han pasado el trámite de exposición pública. Los planes gaditanos son el de La Janda, Costa Noroeste, Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz. Los dos primeros están ahora en fase de estudio de alegaciones, mientras que los otros dos están en redacción. De lo que se trata es de ordenar el crecimiento y establecer líneas especiales de mayor calado que lo puramente municipal. Casos como la aglomeración en la que ha caído la provincia de Málaga, donde lo turístico se ha comido a lo residencial y la masificación es ya insostenible, no se pueden repetir. Estos planes servirán para establecer un diagnóstico de necesidades urbanísticas y las potencialidades de cada zona.

Reivindicaciones

Los ayuntamientos de La Janda han presentado 29 alegaciones a las directrices de la Junta, mientras que los de la Costa Noroeste, diez. Los consistorios de Vejer y Barbate, en el caso de La Janda, han sido los más reivindicativos con el POTS, aunque sus alcaldes suscriben el criterio de planificación establecido por la Junta.

El concejal de Urbanismo de Vejer, Antonio Muñoz, de PSOE, destaca que las principales modificaciones solicitadas en su terreno afectan a Mangueta, El Palmar, Montecote y La Muela. En el caso de la finca de la Mangueta, la Administración apuesta por su protección a través de un parque natural. Se trata de 220 hectáreas a pie de costa. La propuesta municipal va encaminada a que la protección de la finca sea sólo de un tercio y el resto, unas 150 hectáreas, se abra a uso residencial y turístico para hoteles. Igualmente, el Ayuntamiento llama la atención sobre la ordenación de las viviendas ilegales en El Palmar. Mientras que la Junta no entra en la planificación del millar de casas clandestinas de la zona, el Consistorio alega un plan especial para la ordenación de unas 300 hectáreas.

El desarrollo turístico de Vejer también salpica a la zona de Los Cumplimientos, un espacio abierto hacia El Palmar. El Ayuntamiento plantea en estas 150 hectáreas de suelo rústico la ubicación de un campo de golf y la reserva de terreno para un complejo turístico de negocios. En cuanto a la finca de La Muela, la Junta no prevé ninguna actuación y el Ayuntamiento alega que estas 300 hectáreas deben servir para el desarrollo industrial de la zona.

Crecimiento de Barbate

Por su parte, el crecimiento de Barbate también resulta muy complicado debido al suelo que ocupan los militares en este municipio. El alcalde de la localidad, el socialista Rafael Quirós, ha visto en el POTS de La Janda una herramienta para la creación de nuevos espacios. Así, una de las alegaciones presentadas va encaminada a la reserva de suelo justo a la entrada del pueblo para la construcción de VPO. Pide a la Junta que tenga en cuenta una carretera de circunvalación y el desarrollo turístico de La Porquera, a tiro de piedra del parque natural de La Breña. El Ayuntamiento ya ha ordenado esta zona en su PGOU y reduce el impacto de viviendas. Sobre esta zona pesa un importante proyecto empresarial de carácter turístico. El Grupo Bogaris quiere invertir en un campo de golf y hoteles.

El POTS de La Janda afecta también a Alcalá de los Gazules, donde su alcalde, el socialista Arsenio Cordero, ha presentado varias alegaciones al primer expediente de ordenación. Así, reclama que se incluya la mejora de la carretera A2228 entre Alcalá y Vejer para que sea un eje vertebrador de municipios como Benalup y Medina Sidonia.

Entre las alegaciones presentadas también solicita la reserva de suelo para 200 viviendas protegidas y la apuesta como zona turística de La Sacristana, con el fin de de hacer compatible su uso turístico con el residencial hotelero y la posibilidad de ubicar un campo de golf. En cuanto a zona industrial, la propuesta municipal se centra en las 60 hectáreas en El Aljibe.

Las alegaciones interpuestas por Conil al POTS de La Janda están relacionadas con la protección de la zona histórica de Castilnovo, en la playa del mismo nombre. La Junta reconoce a Castilnovo como un paraje-corredor, mientras que el Ayuntamiento pide una protección de interés territorial y que el Estado o la Junta sean las entidades que se hagan cargo de ella. Su alcalde, Antonio Roldán, de IU, hace hincapié también en los diseminados y pide que el POTS los integre. En cuanto a las áreas turísticas, llama la atención, según Roldán, que el municipio tenga la catalogación de turístico y no se haya reservado ningún espacio para su desarrollo en la ordenación que marca la Junta.

Alegaciones

El segundo POTS de la provincia que se encuentra en la pista de despegue es el de la Costa Noroeste. Los municipios afectados han presentado 10 alegaciones a los planteamientos expuestos por la Administración regional. Así, Chipiona reclama las 78 hectáreas de la dehesa de Pago Llano como zona de desarrollo industrial, algo que la Junta pasa por alto en su estudio. El concejal de Urbanismo, Javier Sotomayor, explica que Pago LLano debe contar, además, con un vial de acceso, «por eso el camino de Jerez tiene que convertirse en una carretera».

El edil apuntó también las zonas de desarrollo turístico y citó La Grajuela como área clave de inversión turística, mientras que el Tiro de Pichón lo clasificó como espacio de interés deportivo.

Mención aparte tienen en Chipiona las energías renovables. Su alcalde, el socialista Manuel García, es un firme partidario de la instalación de molinos eólicos en el mar. Por esta razón, se pide en el POTS la definición de zonas concretas para la implantación de parques eólicos.

Trebujena, por su parte, reconoce que existen dificultades en el abastecimiento de agua y ha presentado una alegación al POTS de la Costa Noroeste para que la Junta incluya al municipio en la interconexión que se plantea entre Rota, Chipiona y Sanlúcar.

Desde la Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar se ha puesto de manifiesto que las directrices de la Junta no entran a fondo sobre uno de los problemas más acuciantes del municipio: la construcción ilegal. El Consistorio pide más concreción, al tiempo que solicita en sus alegaciones la rectificación de algunas directrices sobre las vías pecuarias.

La intención es que los POTS de La Janda y Costa Noroeste sean una realidad en 2010 y los ayuntamientos afectados sepan a que atenerse en sus planes urbanos.