Más de 5.000 propietarios de casas ilegales saldrán a la calle

Lío, y gordo, a la vista. El proceso de regularización de las más de 15.000 viviendas ilegales parece nuevamente condenado a morir antes siquiera de nacer formalmente. Durante la mañana de ayer domingo, los representantes de 39 asociaciones de vecinos del extrarradio chiclanero decidieron por unanimidad constituirse como Federación de AA VV y Plataforma.

Su objetivo es paralizar el actual modelo de Ordenanzas de Regularización que ha aprobado de forma inicial el Ayuntamiento, y que ellos creen «puede abaratarse más, e incluir más facilidades en el pago de los costes», explican.

Según explicó además ayer a LA VOZ uno de los responsables de este nuevo colectivo vecinal, que será la sexta federación de asociaciones que exista de forma simultánea en una población de apenas 75.000 habitantes, el colectivo espera seguir recabando apoyos y reunir más de 5.000 propietarios de viviendas irregulares. «Pensamos que podemos llegar a las 50 asociaciones», apuntan.

De momento, y para expresar su rechazo al proceso y a las cuantías que deberán pagar para ser legales y contar con servicios, esta nueva plataforma ha convocado una manifestación el próximo día 14 de noviembre, para la que solicitarán el pertinente permiso a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. «En caso de que no podamos obtenerlo a lo largo de esta semana, nuestra intención es que la movilización pueda llevarse a cabo el sábado siguiente, día 21», explicaron a este medio.

Los 39 colectivos asociados proceden en su inmensa mayoría de zonas como El Marquesado, Pago del Humo y resto del diseminado local como Rana Verde. Todos ellos tienen en común la necesidad de servicios básicos como el agua, la luz y el alcantarillado en las viviendas, que se construyeron al margen del planeamiento urbano.

Llegarán al contencioso

«El Ayuntamiento está intentando confundir diciendo que nosotros no queremos pagar y eso no es cierto», apuntan.

Los propietarios piden «más facilidades en el pago y proponen que una parte de los costes pueda abonarse con un canon en los recibos de agua por ejemplo», explicaron. Además de mostrar su malestar por que «el Ayuntamiento no haya querido reunirse con nosotros», los vecinos apuestan por llegar «hasta donde haga falta».

El camino pasa primero por la presión en la calle, «y si hace falta, no descartamos presentar un recurso contencioso para que se anulen de forma inmediata las Ordenanzas de Áreas de Gestión Básica», explicaron.

Agua y luz sí, pero barata

Basta con dar una vuelta por el extrarradio para darse cuenta de que la mayoría de vecinos no ve con agrado tener que pagar entre 30.000 y 60.000 euros por legalizar su vivienda. Colectivos vecinales como La Salineta o La Cerradura han encabezado las movilizaciones, y están presentando de forma masiva sus alegaciones. «Nadie entiende cómo nos piden 54.000 euros por 2.000 metros cuadrados de parcela; es una locura fuera del contexto socio-económico actual», explicaba recientemente el presidente de La Salineta, José Galván. Y es que los vecinos quieren servicios pero no tener que pagar tanto por ellos.