Sin dinero para el abogado

María se fue directa al paro cuando su empresa recortó personal sin previo aviso. La improcedencia de su despido la tenía que pelear en los tribunales. Jorge había agotado sus últimos ahorros, y desesperado no le quedaba otra salida que demandar a la firma para la que trabaja como proveedor. Ésta le adeuda el dinero que necesita para salvar su pequeño negocio; mientras que Dolores, sin recursos, tiene que enfrentarse al embargo de su casa por impago de la hipoteca. Ellos son las caras de los nuevos demandantes de letrados de oficio. Contribuyentes asfixiados en lo económico que deben recurrir a la Justicia gratuita porque no tienen dinero para hacerse con un profesional de pago que les defienda en los juzgados. Y es que la crisis también se siente en el Colegio de Abogados de Cádiz, que ve cómo en los dos últimos años no paran de llegar solicitudes para asistencia letrada de oficio -en concreto, un 15% más-. En la institución hermana de Jerez comparten esa apreciación, ya que atienden al día unas 20 solicitudes, cuando lo habitual era no superar la decena.

En 2007, cuando el rascacielos financiero de la economía global se desplomó, comenzaron a aumentar las peticiones de abogados y ese crecimiento aún no se ha detenido. De las 20.848 asistencias letradas realizadas por el órgano colegiado de Cádiz en 2006, se va a cerrar 2009 en torno a las 25.500. Cerca de 5.000 coberturas más, que sólo tienen una causa: la incorporación de nuevos demandantes que en época de vacas gordas tenían recursos para contratar e incluso tener en nómina a un letrado. En el caso de Jerez, al término del pasado mes de septiembre se habían efectuado 1.755 servicios, más que en todo 2007 (1.470).

Así lo pone de manifiesto el secretario del Colegio de Cádiz, José Mendoza, que tiene encomendado el control del turno de oficio. «En la documentación que aportan en las solicitudes es muy común ver casos de personas que ingresaban en 2007 entre 30.000 y 40.000 euros al año; que en 2008 recortaron drásticamente sus ingresos y que este año presentan la cartilla del paro».

Es el mismo recorrido que la crisis como concepto abstracto ha tenido pero trasladado a los bolsillos de los ciudadanos, muchos de los cuales han pasado de tener una vida desahogada a engrosar las listas del Inem y sus perfiles ya no sorprenden: «muchos eran empleados de la construcción, del sector industrial o pequeños empresarios que no han soportado el desplome financiero».

Las peticiones que llegan al Colegio se convierten en expedientes que deben ser ratificados por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, compuesta por la fiscal jefe de Cádiz, los decanos de las instituciones colegiadas de los abogados y los procuradores y un letrado de la Junta. Apenas hay discrepancias y el 99% de las peticiones resueltas de forma favorable por el Colegio de Abogados obtienen el beneplácito de la Comisión.

Aquellos que se quedan sin letrado de oficio son los que no acreditan carecer de ingresos suficientes. La mayoría de las ocasiones les falta documentación. El límite lo impone el IPREM (Indicar Público de Renta de Efectos Múltiples) y los demandantes no pueden percibir o tener un patrimonio que supere el doble de dicho indicador (14.700 euros brutos anuales).

Aunque en una provincia con rémoras significativas como el narcotráfico, los abogados de oficio, sobre todo, asumen causas penales, en los últimos tiempos los procedimientos civiles por impagos o despidos se acumulan en los despachos. «Es rara la semana que no llegan varias ejecuciones hipotecarias».

Un millar de profesionales

Pese al incremento considerable en la demanda, la asistencia gratuita está garantizada, señalan desde el Colegio de Abogados de Cádiz, que cubre toda la provincia a excepción de Jerez, con órgano colegiado propio, y la localidad de San José del Valle, que depende de este segundo. De los 1.755 profesionales en ejercicio adscritos a este colegio, 689 compaginan su faceta profesional privada con el servicio público. En el Colegio jerezano hay 435 abogados, de los que 170 están en el turno de oficio, según datos del Consejo General de la Abogacía Española.

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