Aborto sin consenso

La multitudinaria manifestación que ayer recorrió las calles de Madrid bajo el lema Por la vida, la mujer y la maternidad. Cada vida importa, convocada por 42 organizaciones sociales, avalada por la Conferencia Episcopal y con presencia de dirigentes del PP, proyectó el sentir de quienes están en contra tanto de la reforma de la ley del aborto que ha promovido el Gobierno, como de la práctica en sí de las interrupciones voluntarias del embarazo. Quienes acudieron a la marcha expresaron su legítima discrepancia en una cuestión compleja que se adentra en el terreno de la moral y las creencias propias de cada ciudadano; ciudadanos que, incluso respaldando la actual despenalización del aborto y la ley de plazos planteada por el Ejecutivo, podrían asumir aquellos argumentos por los que los congregados denunciaron los embarazos interrumpidos como un «fracaso» y llamaron a proteger la vida del no nacido y a la mujer encinta. La polémica generada por dos de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley del Gobierno -la identificación del aborto dentro de los límites de la ley como un derecho y la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años no tengan que informar a sus padres- ha orillado una reflexión más sosegada sobre por qué se producen cada año en nuestro país cien mil interrupciones del embarazo; y sobre qué está fallando, en consecuencia, en las medidas de prevención y en la educación en materia de salud sexual y reproductiva. Un debate que no ha contribuido a serenar el Ejecutivo al promover su iniciativa sin introducir cambios de calado en ella y sin asegurar un consenso sólido. Pero la legitimidad de la movilización social como fórmula de protesta no debe llevar a olvidar que, en una sociedad democrática, prevalecen las leyes que en cada momento conforman las mayorías parlamentarias; y que desde hace casi un cuarto de siglo, España cuenta con una normativa despenalizadora del aborto que difícilmente puede ponerse ahora en cuestión sin revisar la actuación de los sucesivos gobiernos que la han asumido y sin que se señale a las miles de mujeres que han interrumpido su embarazo dentro de los supuestos legales en todos estos años. En este sentido, y ante las interpelaciones dirigidas ayer por los convocantes al Gobierno, pero también a la oposición, contra toda regulación permisiva hacia el aborto, el PP debería explicitar con mayor nitidez si su rechazo se limita a la actual reforma o va más allá.