¿Por qué ahora?

Hace mas de veinte años que la recién democracia española de aquel momento, decidió abrir y cerrar el debate sobre la posibilidad de permitir a las mujeres españolas la interrupción del embarazo en determinados supuestos, en los que quedaba despenalizado el delito que, durante muchos años, había abocado a nuestras mujeres a realizar abortos clandestinos, en pésimas condiciones de salubridad en el caso de las pobres; y en el de las ricas, a ir a Europa -donde sí estaba legalizado-, para hacerse intervenciones en plenitud de garantías jurídicas y sanitarias.

Había cifras trágicas de interrupción voluntaria del embarazo (de ahora en adelante IVE), de muertes y de riesgos sanitarios, en una sociedad dónde la contracepción todavía no había avanzado mucho para prevenir embarazos no deseados. Es necesario hacer este repaso de la memoria, para saber de donde venimos en este asunto, y lo más importante ahora, a donde vamos.

La sociedad española en su conjunto, independientemente de la posición personal de cada uno de nosotros, sabe que es necesario que la maternidad sea libre, responsable, y querida por las mujeres. Porque, para una mujer, el verdadero antes y después de los cambios de su vida, se produce de manera capital al ser madre, o por el contrario, al decidir no serlo. Es aquí, en este asunto tan central, donde radica el derecho de las ciudadanas españolas, a tener control y responsabilidad sobre sus cuerpos y sus vidas.

En general, lo más necesario es prevenir embarazos no queridos, y particularmente, más aún, en las chicas jóvenes que pueden ver totalmente alterados sus proyectos de vida con una maternidad temprana. Se trata de conjugar a un tiempo una maternidad madurada, con otros proyectos profesionales y de independencia vital, que les permitan a las mujeres españolas, tener vidas plenas en el siglo XXI, en una Europa de derechos y libertades protegidos.

Son estas razones, entroncadas con los intereses generales de las mujeres de nuestro país, que somos diversas por ideologías, religión, y moral, las que llevan a nuestro Gobierno, sustentado por el PSOE, a revisar una legislación que, en su momento, fue la única posible, pero que está plagada de inseguridad para las mujeres y para los profesionales. Son muchos años ya los que han esperado las mujeres de nuestro país para tener una regulación legal, como el resto de las europeas. Éste sí es el debate, en mi opinión, si queremos una ley que nos permita abordar este asunto como una mujer francesa, una inglesa, o una alemana, o si tenemos que continuar con una situación farragosa en una democracia política como la nuestra, donde están protegidas la pluralidad y la libertad ideológica, religiosa y moral, y en donde las leyes deben estar para permitir que cada cual, dentro de nuestro Estado de Derecho, sea dueño de su conciencia, y que ninguna moral se imponga sin libertad a las demás.

A veces en los acalorados debates, que no suelen servir para mucho, algunos olvidan que este tema del IVE es como fue el divorcio: no hay obligación, sino libertad de elección con arreglo a las ideas de cada uno. Nadie pretende imponer nada, sino todo lo contrario, ofrecer posibilidades para hacer y vivir, con arreglo a la «ética de cada quien». Los que no puedan asumirlo en sus ideas, además de no practicarlo, no tienen ningún derecho a imponérselas a los demás, máxime cuando sabemos que el aborto existe desde que existe la historia de la humanidad, y que no vale no mirar de frente el tema, difícil desde luego, sino que en democracia, hay que afrontarlo como lo ha hecho Europa.

Hay quienes se acuerdan de la maternidad, como Santa Bárbara, cuando truena. No los hemos visto en treinta años preocupados por hacer normas de protección de las madres, y además confunden torticeramente las cosas. Las mujeres abortan por muchas y variadísimas razones que no pueden reducirse a un discurso simplón, pero dos cosas hay claras y demostradas: la primera, que existen millones de mujeres en todo el mundo, que en un momento de su vida han interrumpido su embarazo para ser en otro momento vital distinto, madres, con plenitud y responsabilidad, o que ya lo eran y, por ello mismo, no podían asumir en malas condiciones un nuevo hijo; y en segundo lugar, la extrañeza que causa lo que quizá pretendan algunos. ¿Será que pretenden con sus planteamientos maximalistas, que seamos madres por obligación, y que de lo contrario se considere un delito penado con cárcel, no querer serlo? Otras preferimos que las mujeres avancen en igualdad y libertad, que puedan planificar sus maternidades para ejercerlas con plenitud, sobre todo hoy en día que las mujeres además de madres somos trabajadoras. No queremos cobardías ni hipocresías con este asunto, en una sociedad en donde debemos enseñar que la sexualidad tiene un marco de placer, pero también de responsabilidad, y por ello la contracepción es básica. En este punto, siempre me ha dejado perpleja como coinciden mucho los que se oponen a los anticonceptivos, con los que quieren imponernos su moral antiaborto a todos. ¿Qué idea tienen de las mujeres? Impidiendo que no puedan planificar sus vidas, según ellos, solo deberíamos estar en el mundo para reproducir la especie, y en casa para cuidarla. Las mujeres en el siglo XXI queremos vivir como ciudadanas, en casa, en el mercado laboral, en las instituciones, en la libertad de ser madres o no serlo, y en una sociedad que sepa entender nuestras identidades y nuestras circunstancias en este asunto maravilloso de la maternidad, lo puedo afirmar porque soy madre.

Este proyecto de ley, el mas debatido y contrastado que conozco, sólo pretende, de la mano de la ciencia y de la experiencia de la sociedad española que lleva permitiendo el IVE desde hace mas de dos décadas, de la opinión de todos, y también escuchando a los protagonistas principales, que somos las mujeres, con la libertad que antes no hemos tenido para opinar, que podamos poner al día una regulación legal a la altura de Europa. No impone nada a nadie, no permite que desde una posición religiosa o moral unos se impongan a otros, establece un marco concreto, acotado y seguro para actuar, y permite que en las chicas de 16 y 17 años, arropadas por la sociedad, y por nuestra sanidad pública, decidan si quieren o no ser madres tan tempranamente en sus vidas. Por cierto, sería absolutamente inconstitucional que en una ciudadana española de 16 o 17 años, y en su propio cuerpo, alguien decidiera algo que ella no permita.

La Constitución, en este asunto de la integridad física y de la salud, no da más derechos a los mayores que a los menores, a los padres que a los hijos.

Por todo ello, estamos delante de un proyecto, tras la experiencia que ya hemos vivido, que armoniza nuestra realidad española con la legislación europea, y que nos permite en el marco de la educación sexual y reproductiva, afrontar la libertad de las mujeres y su maternidad, en el marco estricto de nuestros valores constitucionales.