Patrimonio transparente

L a publicación en el BOE del patrimonio del presidente del Gobierno, los ministros y sus respectivos secretarios de Estado cumple, al fin, no sólo con la Ley de 2006 sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración central; también con una exigible transparencia sobre los bienes que atesoran quienes dirigen la gestión cotidiana del país, aplazada en la democracia española. Es justamente la difusión de estos datos lo que ha de convertirse en un gesto de normalidad, más allá del interés morboso que pueda despertar en cada ciudadano la comparación entre su situación financiera y la de aquellos que se sientan en el Consejo de Ministros. Los detalles ahora divulgados, según los cuales Cristina Garmendia es la ministra con mayor patrimonio (4,9 millones de euros) y Bibiana Aído la que menos reúne (no llega a 39.000 euros), ofrecen el reflejo de unos bienes y deudas dispares, fruto también de una trayectoria vital y profesional diversa. Que se permita conocerlos a los poderes que deben actuar como contrapeso frente a eventuales abusos del ejecutivo y, por extensión, al conjunto de la sociedad no prejuzga la honradez de los altos cargos sometidos a escrutinio. Antes al contrario, constituye una garantía del todo necesaria para evitar, precisamente, que las posibles conductas irregulares o ilícitas en el ejercicio de las responsabilidades públicas queden camufladas en una interesada opacidad o resulten impunes. El bien a proteger no es tanto la prevención de conductas personales fraudulentas, sino la propia honorabilidad de las instituciones democráticas. Por ello, sería deseable y conveniente que la relación de bienes y derechos patrimoniales fuera más precisa, dado que sólo se ofrecen las cifras genéricas y no se consignan especificidades como los regímenes matrimoniales.