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Editorial

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L a esperada comparecencia de Mariano Rajoy, tras las dificultades mostradas para dar una respuesta inequívoca a la crisis por el caso Gürtel, respondió ayer a la necesidad de la dirección nacional del PP de restablecerse públicamente tras una semana que había puesto en entredicho la solidez y la línea jerárquica del partido. Pero su intervención no pudo soslayar la comprometida situación a la que la continuidad del proceso judicial empuja a la formación que preside, en lo que se refiere al ámbito de las responsabilidades políticas. De hecho, ni su promesa de elaborar un código de buenas prácticas ni las explicaciones que dio sobre la destitución de Ricardo Costa despejaron la contradictoria intervención de la dirección del PP en el asunto y la mezcla de dilación, improvisación y arbitrario proceder que ensombrece la ejecutoria del propio Rajoy en el asunto. De entrada, la inconcreción de las razones que llevaron al partido a procurar el apartamiento de Costa, que Rajoy evitó precisar aludiendo a la especial responsabilidad que comporta ocupar una secretaría general, tienden a presentar esa destitución más como una operación cosmética que como una resolución coherente con las otras decisiones que adopta el PP. Las evasivas explicaciones al respecto no sólo no respondieron a las dudas suscitadas. Alimentaron la comparación entre el trato dispensado a Francisco Camps y la condición impuesta por Génova para el cese de Ricardo Costa cuando ambos se encuentran en análoga situación respecto a la Justicia y al relato de la trama.

La afirmación de que «no hay ninguna duda sobre la honradez personal» de Costa, y las muestras de apoyo de Rajoy a Camps como líder de los populares valencianos y como candidato a la reelección al frente de la Comunidad, muestran, por una parte, el lado más incomprensible de la reacción de Génova; y, por la otra, invitan a albergar serias dudas sobre la propia continuidad de Camps. Mariano Rajoy defendió ayer su personalísima forma de gestionar las responsabilidades que le atañen, tanto en la administración de los tiempos como en el alcance de sus decisiones. Pero aunque presumiera de haber actuado «con prudencia y sin precipitación» y «sin ser arbitrario ni injusto», él mismo reconoció que todo ello era opinable, sin duda porque también hay otros pareceres en el seno del PP, críticos con el fondo y las formas de la intervención de Génova.