Los dineros del poder

Siempre se ha dicho que hablar del dinero de uno es de mala educación. Pues bien, el presidente del Gobierno, los ministros y los altos cargos engrosan desde ayer la categoría de maleducados con un striptease patrimonial reflejado por primera vez en el Boletín Oficial del Estado. Ninguno va descalzo, pero tampoco ninguno figurará en la lista de los más ricos del país. Las situaciones económicas son dispares y, con alguna excepción, se puede aplicar la regla de a más edad más patrimonio.

José Luis Rodríguez Zapatero declara tener unos activos valorados en 209.206 euros, procedentes de inmuebles con un valor catastral de 37.258. Hay que precisar que esta valoración no es la de mercado sino la que fija el ayuntamiento del municipio en el que se encuentra la vivienda a sus efectos fiscales. El presidente del Gobierno también acumula otros bienes por valor de 171.947 euros, apartado en el que entran sus cuentas, inversiones, depósitos, planes de pensiones y demás productos financieros. Pero también tiene deudas con los bancos, 80.847 euros, que apuntan hacia un crédito hipotecario de la vivienda que adquirió en Madrid cuando fue elegido secretario general del PSOE. Unos compromisos financieros que podrá solventar con facilidad con los 91.982 euros anuales que cobra.

Entre los ministros, la que goza, sobre el papel, de mayor desahogo económico es la titular de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quien acredita un patrimonio de casi cinco millones de euros, que al margen de los bienes particulares que pueda poseer responden en buena medida a los activos empresariales que poseía antes de entrar en el Gobierno. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, declara, a su vez, una fortuna de 1,7 millones. No adeuda, sin embargo, nada a los bancos. El titular de Interior completa el trío de pudientes con 1,2 millones. Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco debe un euro.

En la parte baja de la clasificación aparece la responsable de Igualdad, con un patrimonio de 38.918 euros, 21.425 de su casa, una valoración que da para poco más que un apartamento y en una zona no muy cotizada, y 17.503 de títulos bancarios. Pero Bibiana Aído debe más de lo que tiene, adeuda 109.722, cifra que sitúa sus números rojos en más de 70.000 euros. Una salvedad al canon de que a más edad mejor posición económica es la del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien con 64 años y después de cuatro años como ministro y 19 como presidente de la Junta de Andalucía declara un patrimonio que apenas bordea los 69.000 euros. Eso sí, no tiene créditos pendientes. Unas cifras acordes con su afirmación de hace dos años en un programa de televisión, cuando dijo que tenía «3.000 euros en la cuenta».

Otro que tampoco está para dispendios es el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que declaró tener una casa valorada por el catastro en 24.503 euros, lo que habla de una residencia bastante modesta o que su valor no está actualizado. La responsable de Sanidad también acarrea números rojos, pues debe a las entidades financieras 183.854 euros y acredita un patrimonio total de 109.796 euros. Trinidad Jiménez, sin embargo, no debe tener dificultades de solvencia con su sueldo anual bruto de 81.155 euros.

Las dos vicepresidentas viven sin apuros. Elena Salgado declara un patrimonio de 976.934 euros y no debe nada; mientras que María Teresa Fernández de la Vega tiene por pagar al banco 161.717 euros, pero cuenta con activos por 731.506 euros. Su salario de 86.454 euros anuales es una garantía de cobro para las entidades financieras.

Foto borrosa

Estos datos proporcionan, sin embargo, una fotografía borrosa. No se desglosan los bienes y no se determina, por tanto, de cuántas viviendas, por ejemplo, son propietarios los declarantes. Tampoco se especifica si es un patrimonio compartido en bienes gananciales o si hay separación de bienes. También quedan fuera los activos a nombres de terceras personas.

Los ministros no entraron en esos detalles y sacaron pecho por «el ejercicio de transparencia», en palabras de Sebastián. El titular de Industria indicó que «nunca» ha tenido «nada que ocultar», mientras que su colega de Fomento recordó que el Gobierno cumplió así «un compromiso».

El valor político de la medida radica sobre todo en que es la primera vez que se hacen públicos en un documento oficial. Hasta ayer, ningún miembro del Gobierno se había desnudado de esa manera. Si lo han hecho por transparencia o por obligación quedará para sus conciencias. Lo cierto es que ayer era el último día de plazo para que lo hicieran de acuerdo a la reforma de la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Altos Cargos, aprobada en 2006, y que establece que «la declaración patrimonial que los ministros y secretarios de Estado tendrán que presentar en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales se publicarán en el Boletín Oficial del Estado».