Preferible que hablen

Hay quienes piensan que determinados personajes públicos estarían mejor callados antes que someternos al tormento de oírles decir barbaridades más o menos irritantes, cosa especialmente frecuente en estos tiempos cenagosos, más que líquidos. A pesar de todo, y no es por masoquismo, servidor prefiere oír lo que esas lenguas selectas tengan a bien decirnos (aunque tengamos que mordernos la nuestra), que tener ahí a esa gente enredando sin saber a ciencia cierta qué opinan de según qué cosas. Además, si es verdad eso de que la palabra, el discurso, crea la realidad, prefiero realidades explícitas aunque no haya por dónde cogerlas, a que me tengan en ascuas tratando de adivinar realidades esotéricas, recónditas, escamoteadas.

Por ejemplo, si el gobernador del Banco de España hubiese sido más taciturno, menos locuaz, no nos hubiésemos enterado estos días de la filosofía económica (y política, y social, y moral) que este personaje público maneja no se sabe si a título personal o en función de su cargo. Para él, las desorbitadas retribuciones de quienes dirigen los altos designios de los grandes bancos, no tienen por qué ser reprobables siempre que no afecten negativamente a la contabilidad del banco en cuestión, siempre que los accionistas del mismo lo permitan, y siempre que dichas retribuciones se hagan públicas. Como, al parecer, estas circunstancias se cumplen en el caso de las mega-retribuciones a banqueros, al gobernador del banco de los bancos no le cuadra la alarma social generada por semejante bagatela.

Efectivamente, es una de esas declaraciones de personajes públicos ante las que uno no tiene más remedio que morderse la lengua, como seguramente habrá hecho mucha gente al oírla. Y es que, a excepción de algunos nostálgicos del darwinismo social, las personas de bien suelen pensar que quienes representan a cualquier institución pública, como lo es el Banco de España, deben poseer forzosamente un mínimo de sensibilidad comunitaria, social, y no justificar situaciones que, aun siendo legales, resultan a todas luces extremadamente ilegítimas, por injustas.

Sólo desde un despiadado neoliberalismo de caverna, es posible mantener opiniones como ésta del gobernador del Banco de España. Y sólo desde una democracia con importantes déficits es posible entender que, desde las instituciones, se amparen hábitos incompatibles con las más elementales normas de la convivencia democrática. El escándalo social originado por lo que encierran esas declaraciones está justificado en cualquier circunstancia, pero resulta de especial inconveniencia en estos momentos angustiosos para tanta gente. Deberían bastar para proceder a la sustitución de ese alto funcionario que no merece un cargo para el que no sólo se requiere pericia técnica, sino un acendrado sentido de lo justo, de lo deseable y de lo conveniente para la mejora de un sistema democrático, el nuestro, muy necesitado de profundos arreglos en materia de dogmática económica.

Para esa deseable labor de adecentamiento, nada mejor que conocer cómo respiran los administradores del dogma. Preferible, por tanto, que hablen.