Felipe Calderón cierra por decreto la segunda compañía eléctrica mexicana

Un decreto del presidente mexicano Felipe Calderón cerró el sábado la compañía eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LyFC), una de las dos que suministran energía al país. Lo que empezó como un conflicto laboral ha terminado con una liquidación de consecuencias imprevisibles. La medida ataca a la yugular de un sindicato de izquierdas próximo a la oposición.

El susto de los empleados comenzó el sábado por la noche, cuando militares y policías federales ocuparon las instalaciones de la empresa. Durante la mañana del domingo hubo manifestaciones multitudinarias contra la medida, que intentó explicar por la noche el mandatario azteca. «Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos tenemos que cambiar, y cambiar a fondo, corregir de raíz los graves problemas que tenemos por muy costosas y difíciles que sean las decisiones», afirmó. «Se nos agotan el tiempo y los recursos», agregó, «para dejar un país próspero y fuerte».

La bronca empezó el 16 de junio tras la elección e impugnación de Martín Esparza como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un organismo que no es omnipotente como el de Petróleos de México (PEMEX), pero sí poderoso. Históricamente los líderes sindicales manejan cifran millonarias gracias a las aportaciones de los afiliados, lo que les convierte en verdaderos grupos de presión. LyFC abastece de electricidad a la capital, a 82 municipios del estado de México, 45 de Hidalgo, 2 de Morelos y 3 de Puebla. Calderón señaló que la empresa «perdía por robos, por fallos técnicas, por corrupción o por ineficiencias, la tercera parte de la electricidad que distribuía». Eso derivó en una situación financiera insostenible, con costes operativos que duplicaban los ingresos. «Era urgente que el Gobierno federal corrigiera esa situación», dijo.

El mandatario ha optado por emplear los cerca de 2.500 millones de euros que se debían entregar a la empresa, en su mayoría «para pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral», en indemnizaciones para los 45.000 empleados y 22.000 jubilados. Según Calderón, esto no significa la privatización del servicio público.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mayor eléctrica pública de la nación, es la encargada de asumir el proceso de cierre. Su director general, Arturo Elías Ayub, afirmó ayer que el servicio eléctrico funciona con «normalidad» y que 3.500 trabajadores de CFE operaban para LyFC. El Gobierno estima que 10.000 de los despedidos serán recontratados, pero con condiciones laborales muy diferentes a las que tenían.

Un editorial del diario 'El Universal' reconoce que Martín Esparza no ha contrarrestado las críticas de por qué mantener a 45.000 personas cuando con 8.500 se puede funcionar o por qué firmar un convenio colectivo que asciende y premia a los trabajadores en función de «la lealtad sindical».

Pero apunta que en el fondo podría haber «una cruzada derechista en contra de los enemigos de siempre», al atacar a un sindicato afín al opositor de izquierda Partido de la Revolución Democrática (PRD).