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Brown, con gesto pensativo, durante un acto celebrado ayer en el centro financiero de Londres. / REUTERS
MUNDO

Brown quema naves contra el déficit

El primer ministro británico anuncia la venta de empresas públicas y bienes para recaudar más de 17.000 millones de euros

ÍÑIGO GURRUCHAGA
CORRESPONSAL. LONDRESActualizado:

El primer ministro británico, Gordon Brown, anunció ayer la venta de empresas y bienes del Gobierno, operaciones por la que el erario público podría ingresar algo más de 17.000 millones de euros en los próximos años. La iniciativa, que recicla otras anteriores, es parte de la disputa entre partidos sobre cómo hacer frente a la crisis económica y al déficit creciente de Hacienda.

El debate entre formaciones políticas se centra en la crítica laborista a los conservadores sobre su intención de reducir el gasto público con rapidez. Brown y sus colaboradores mantienen que será necesario disminuir el déficit a partir de 2011, pero que hacerlo en los próximos meses llevaría a una nueva caída.

El jefe del Gobierno informó ayer sobre la venta de bienes públicos. El programa está preñado por la ambigüedad. Brown dijo que en los primeros años ingresará en las arcas del Estado unos 3.500 millones, pero las liquidaciones posteriores en buena medida dependerían de los ayuntamientos. Lo que el Ejecutivo quiere enajenar a corto plazo ya había sido adelantado por el ministro de Hacienda el pasado abril, cuando presentó el presupuesto anual. El 'premier' británico lo da a conocer ahora para contrarrestar el efecto de las propuestas aireadas en la conferencia anual de los conservadores, que se celebró la pasada semana.

El ajuar público que saldrá a la venta es variopinto e incluiría parte de la cartera de préstamos a estudiantes universitarios concedidos por el Estado. El Gobierno laborista de Tony Blair introdujo las tasas a los estudiantes de enseñanza superior. Se estima que los costes de una carrera de tres años ronda los 35.000 euros por cada alumno.

El enlace ferroviario de alta velocidad entre el túnel bajo el canal de la Mancha y la estación de King's Cross, en Londres, fue construido por un consorcio mixto público y privado. El Estado mantiene la propiedad y obtiene ingresos mediante una franquicia a la empresa de ferrocarril que explota la línea. La infraestructura está participada también por una compañía pública. El túnel de Dartford, bajo el Támesis, se ofrecería asimismo a la puja. Urenco es una empresa dedicada al enriquecimiento de uranio con destino a plantas nucleares. Es propiedad de los gobiernos británico y holandés y lo era también del alemán, que vendió su participación a compañías privadas alemanas del sector. Brown quiere desprenderse de la parte que corresponde a Reino Unido una vez que se garantice la seguridad nacional.

La más exótica

Y la cuarta venta aireada es la más exótica. Tote es una casa de apuestas que comenzó como un ente anómalo. No era propiedad de nadie y entregaba al negocio de las carreras de caballos buena parte de sus beneficios. Se creó en los años veinte como un instrumento para fortalecer las estructuras que mantienen las competiciones hípicas de velocidad, pero ahora admite también apuestas para otros deportes.

El Gobierno laborista ya anunció en 1999 su intención de privatizarla, pero luego retiró sus planes. Y los reactivó hace dos años. Ha creado la legislación necesaria para que pase a ser propiedad pública, lo que permitirá su venta. De ser así, perdería el monopolio de la apuesta pool, que premia a quien acierta los ganadores o colocados de varias carreras que se disputan el mismo día.

Si los laboristas británicos reciclan viejas iniciativas para subrayar que no es necesario reducir el gasto público -los ingresos totales de estas ventas no sumarían el 10% del capital que está tomando ahora prestado el Gobierno-, han elegido una cifra, 17.000 millones, que es la misma que pronosticó en días pasados con sus recortes el portavoz de los conservadores en materia de Hacienda, George Osborne.

Precisamente a Osborne le han descubierto un error. Este político prometió subir la edad de la jubilación un año -hasta los 66- a partir de 2016. Ahora se ha desvelado que los cálculos que hizo suyos se basan en un documento elaborado por un grupo independiente, el Instituto Nacional para la Investigación Económica y Social. El organismo dice que es una equivocación aumentar la edad de jubilación. Que la medida, tal como fue anunciada, interpreta mal su análisis y que no produciría un ahorro significativo.