Garzón 'blinda' el chivatazo para evitar «perjuicios irreparables» al Estado

Algo inusual hay en el sumario del chivatazo a ETA. El pasado 5 de octubre el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón levantó el secreto. Pero la causa, en la práctica, sigue aún más opaca y, probablemente, seguirá en el futuro envuelta en una espesa bruma. A pesar de que el magistrado ha reconocido que ya se han «practicado múltiples diligencias» y que la instrucción está acabada, por lo que no cabe interferir en las investigaciones, el levantamiento del secreto es muy parcial. Baltasar Garzón asegura que si llegaran al «conocimiento público» la totalidad de las pesquisas de ese sumario podrían producirse «perjuicios irreparables» para la «seguridad del Estado».

El 4 de mayo de 2006, cuando la Policía iba a efectuar una redada contra el aparato de extorsión de ETA que operaba desde el bar Faisán, en Irún, alguien avisó a los terroristas de la inminencia de la operación. El delator, según las escuchas telefónicas a Joseba Elosúa, el cabecilla del grupo, pretendía preservar el incipiente proceso de paz abierto tras el alto el fuego que había declarado ETA dos meses antes.

Pocas veces Garzón ha puesto tanto ahínco en preservar la reserva de un sumario ya instruido. En una resolución enviada a las partes justifica sus prevenciones porque «en la causa -asegura- aparecen datos relacionados con identidades y con sistemas de comunicación, específicamente números telefónicos oficiales de uso policial en materias relacionadas con la información y la investigación de actividades terroristas».

Estricto velo

También la Fiscalía ha hecho todo por mantener en el más estricto velo sobre buena parte de la causa. Según los informes del Ministerio Público, «en las actuaciones existe abundante información que puede afectar y comprometer la seguridad de numerosos funcionarios policiales con implicación y responsabilidades en la lucha antiterrorista», tales como «teléfonos, identidades o prácticas de trabajo».

El hecho de que los principales sospechosos del chivatazo fueran mandos policiales y altos responsables del Ministerio del Interior ha llevado a Garzón a extremar las medidas para evitar filtraciones. Ha llegado a amenazar por escrito con acciones «disciplinarias» y «penales» a los dos colectivos personados en el proceso, AVT y Dignidad y Justicia, si filtran algún dato. Ha advertido a ambos que «no pueden publicar ni facilitar la publicación o acceso de datos» sobre el meollo del caso, o sea, las informaciones del sumario que se refieren «a agentes en el ámbitos de la información o investigación de actividades terroristas», es decir los sospechosos investigados, o sobre «las prácticas de trabajo desarrolladas», cuáles fueron las pesquisas para descubrir a los supuestos chivatos. Idénticas advertencias ha lanzado a los «funcionarios públicos» del tribunal.

En cualquier caso, las partes iban a tener muy difícil hacer públicos datos sobre las investigaciones porque ni siquiera van a tener copias de las mismas. Garzón, en una decisión con muy pocos precedentes, ha prohibido «efectuar copias, fotografías o cualquier otro procedimiento mecánicos de reproducción de las actuaciones». Los abogados, y sólo en horas tasadas, únicamente podrán consultar en dependencias de la Audiencia Nacional los miles de folios de los 14 tomos del sumario. Con los datos recopilados en esos vistazos apresurados deberán presentar antes del 27 de octubre sus alegaciones contra la pretensión de la Fiscalía de dar carpetazo.

Los abogados de las acusaciones populares cuando presenten las alegaciones contra el archivo corren también el riesgo de que Garzón actúe penalmente contra ellos si en los escritos hay referencias a datos comprometedores y estos papeles de las acusaciones terminan por ver la luz pública.

Sin juicio

En esta situación de opacidad, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, si el juez finalmente cierra el caso jamás se conocerá a quién se investigó y qué se indagó. El artículo 301 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal sólo contempla que las diligencias dejen de ser secretas cuando se abra juicio oral, algo que nunca ocurriría si Garzón da carpetazo.

Si no se llega a juicio, nunca se sabrá un dato básico en este asunto: por qué la Fiscalía no dio credibilidad a los informes de la Policía que señalaban que el ex director del cuerpo Víctor García Hidalgo y dos mandos de la lucha antiterrorista en el País Vasco estaban detrás de la delación.