Nuevos criterios y más flexibilidad para dinamizar la economía y crear empleo

La nueva Ley de Aguas no sólo quiere ofrecer agua de más calidad al ciudadano, sino que también introduce herramientas para que este recurso, una vez garantizados los usos básicos para la población, permita mayor creación de riqueza y genere empleo.

Así, en el plano económico, el gerente de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz, Federico Fernández, destacó que la norma abre una puerta a nuevos usos del agua que antes estaba cerrada, ya que «se flexibiliza el régimen de concesiones y se equiparan todas las actividades económicas». «Ahora ninguna actividad tendrá prioridad sobre otra, sino que se aplicarán los criterios de mayor valor añadido, mayor generación de empleo y mayor cohesión territorial». Por eso, los empresarios que tengan un proyecto innovador, por ejemplo una instalación termosolar, no van a encontrar obstáculos.

La entrada a estos nuevos usos -que no irán en detrimento de los que ya hay adjudicados, como la agricultura o el urbanismo- se podrá realizar a través de una figura de nueva creación, el Banco Público del Agua, que podrá adquirir derechos de concesiones de agua y dirigirlas hacia donde exista una mayor necesidad. «Es una cuestión de transparencia y de evitar el mercadeo con este recurso», enfatiza Fernández.

Ofertas públicas

A través de ellos, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.

Según el gerente de la Agencia del Agua, la importancia de estos bancos públicos es primordial para decidir el nuevo reparto del agua que aún no esté adjudicada o que se ahorre. No en vano, y gracias a las obras de modernización de los regadíos -en la provincia hay varios ejemplos con los de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín o los de Villamartín-, se va gastar entre un 30 y 40% menos de agua.

En este sentido, el plazo máximo de concesión se va a reducir de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo. En concreto, en los regadíos las concesiones se revisarán tras la modernización, con el fin de ajustarlas a las necesidades del riego eficiente y poder así liberar recursos.

Por último, la futura norma introduce, entre otras novedades, la regulación de las masas de agua subterráneas, con la ampliación de la obligatoriedad de autorizaciones para sondear nuevos acuíferos; la creación de mapas de peligrosidad para las inundaciones; y la ampliación a los municipios de más de 10.000 habitantes para que se doten de un plan de emergencia contra la sequía.