Expulsados y sin dinero

Después de haber pedido a los tres parlamentarios imputados en el caso Gürtel que abandonen el grupo popular en el Parlamento de Madrid, Esperanza Aguirre intenta ahora impedir que se beneficien económicamente de la expulsión. El PP presentó ayer en la Cámara una propuesta de reforma del reglamento para que los diputados expulsados pasen a ser no adscritos en lugar de integrar el grupo mixto. Por su parte, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco no han formalizado su solicitud para dejar el grupo popular.

De acuerdo con la norma reglamentaria, los diputados podrían constituir el grupo mixto y, según los usos establecidos en el caso de los tránsfugas del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, pasarían a cobrar tres quintos de los ingresos que reciben los grupos. A la cantidad fija -que superaría los 460.000 euros- se sumarían también los emolumentos correspondientes a la portavocía y portavocía adjunta del grupo. Además, podrían disfrutar de las prerrogativas de los partidos, como por ejemplo, la posibilidad de contar con un representante en el consejo de administración de CajaMadrid. Para impedir que los tres se puedan lucrar por una decisión que pretende ser un castigo, el PP modificará el reglamento para establecer unos requisitos mínimos para formar grupo y establecer la figura del diputado no adscrito, categoría en la que encajan los represaliados.

Por su parte, el ex alcalde del Ayuntamiento de Pozuelo Jesús Sepúlveda, también imputado, entregó ayer su acta de concejal tras haber renunciado el jueves a permanecer en el grupo municipal popular.