La Abogacía afirma que hay escuchas ilegales en 'Gürtel'

El Consejo General de la Abogacía Española denunció ayer la nulidad de parte de las actuaciones del caso Gürtel por las escuchas de conversaciones entre los tres imputados encarcelados y seis de sus abogados. Unas charlas en las que preparaban sus estrategias de defensa. Esas intervenciones telefónicas y grabaciones en los locutorios de la prisión madrileña de Soto del Real fueron autorizadas por el juez Baltasar Garzón el 19 de febrero y prorrogadas por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Los diálogos se han hecho públicos esta semana tras el levantamiento parcial del secreto del sumario.

Las conversaciones son del cabecilla de la trama, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez, y el número dos de la red, Pablo Crespo, con los abogados José Antonio Choclán, Gonzalo y Pablo Rodríguez-Mourullo, Juan Ignacio Sanz Cabrejas, Juan Ignacio Vergara Pérez y José Antonio López Rubal, éste último imputado después. En esos pinchazos algunos letrados desvelan sus relaciones con los jueces y con las dos fiscales del caso, además de sus estrategias para retrasar las comisiones rogatorias y sus preferencias sobre los posibles tribunales competentes. El Consejo de la Abogacía, al que han pedido amparo los letrados, manifiesta «su absoluto rechazo a la violación del secreto profesional» en esta investigación y asegura que estas grabaciones son un «gravísimo atentado contra el Estado de Derecho». El órgano colegiado de los abogados recuerda que la ley «reserva de forma claramente restrictiva» estas escuchas para los casos de terrorismo o para los supuestos en los que hay indicios de que el defensor está «implicado» en el delito de su patrocinado o puede ayudar a que se siga cometiendo ese ilícito. Cualquier otra intervención, agrega, es «una ilegítima vulneración de derechos fundamentales».

El Consejo comprende que Garzón ordenara las escuchas de las conversaciones entre Correa y su primer abogado, Manuel Delgado Solís, pues el letrado, ya imputado, estaba presuntamente relacionado con los ilícitos investigados. Delgado abandonó la defensa de Correa, pero Garzón no suspendió los pinchazos ni mandó destruir las cintas grabadas con posterioridad. «Este vicio debe producir la nulidad del procesamiento», apunta el Consejo, que insiste en que «hay numerosos artículos en la legislación española que protegen el secreto profesional y la inviolabilidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente». Además, en este caso, prosigue, estas conversaciones se han «divulgado a través de los medios de comunicación causando un daño irreparable».

«Repugnancia»

Para el colectivo de abogados, las prácticas ordenadas por Garzón y Pedreira «repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho». Insiste en que esta violación del «secreto profesional» es a su vez una conculcación del «derecho de defensa de todos los ciudadanos». «La posibilidad de que las comunicaciones puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad», concluye el comunicado del Consejo.

Entretanto, varios de los abogados defensores de Correa, Sánchez y Crespo estudian interponer contra el juez Baltasar Garzón una querella por prevaricación por haber violado conscientemente las garantías constitucionales de los imputados. Además, planean reclamar ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la nulidad de todas esas escuchas y -lo que podría ser más relevante- de las investigaciones ordenadas a raíz de esos pinchazos.