La Benemérita pide compartir el campo con la Policía

La Unión de Guardias Civiles propuso que este cuerpo y la Policía Nacional compartan competencias en materia de seguridad ciudadana en las zonas rurales a fin de paliar la oleada de robos que padecen los agricultores portuenses. Esta asociación profesional denunció que la seguridad en El Puerto está afectada por una aplicación «política y arbitraria» de la ley e instó a que ésta sea modificada y a que se amplíen los medios materiales y personales.

En la actualidad, la dotación de guardias civiles en El Puerto está compuesta por 15 efectivos para labores de vigilancia en los 22 kilómetros de costa. Manuel García, portavoz de la UniónGD -colectivo integrado en la Plataforma por la Seguridad en El Puerto- explicó que «los estupefacientes y la inmigración pertenecen a la Policía Nacional, sin embargo nosotros también intervenimos llegado el caso. En el campo, nos ceñimos a los delitos ecológicos».

En este sentido, García dijo que «es necesaria una coordinación entre ambos cuerpos, de manera que la Policía asuma los delitos del medio rural independientemente de que nosotros detengamos a los ladrones y que nuestras competencias sean también prevenidas por ellos». A su juicio, «esto no ha de ser muy difícil pues en otros municipios se actúa así. Además, en El Puerto existe el agravante de contar con tres macro prisiones. Razón por la que este municipio ha de considerarse un caso especial y digno de una mayor protección». No obstante, para que esta coordinación fuera efectiva, la Guardia Civil necesitaría triplicar los efectivos disponibles para esa zona, así como dotarlos de los vehículos necesarios.

La ley promulgada en 1986 mediante la cual la Policía Nacional asumía todas las competencias en materia de seguridad ciudadana en los municipios de más de 25.000 habitantes no se aplicó en El Puerto hasta 1997 y que tuvieron que pasar siete años para que se dotara con una nueva patrulla a la Policía Nacional a fin de que atendiera las zonas rurales incluidas en el término municipal. A juicio de García «esta ley se aplica de forma arbitraria por los políticos, porque en Chiclana, por ejemplo, sólo está la Guardia Civil».

Así las cosas, desde la UniónGD pidieron «que los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, modifiquen o sustituyan la ley que, después de 23 años de vigencia, ha demostrado en gran parte del Estado su ineficacia».