La responsabilidad de un Poder Estado

Como socialista defiendo el derecho a la huelga de los trabajadores, es un derecho constitucional, pero no cuando éste se ejerce violentando la división de poderes. Comparto con el presidente del TSJA la condición de Poder Estado que corresponde a los jueces, de manera que no pueden abdicar de esta responsabilidad ni siquiera transitoriamente por más justa que parezca su causa.

Curiosamente, cuando el PP está en la oposición se movilizan los sectores más rancios de la sociedad, van a coincidir en el tiempo los obispos en la calle de manifestación contra el aborto y ahora una parte de la judicatura. Hoy cuelgan sus togas los jueces conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y su causa responde, a mi juicio, a un simple cálculo político y corporativo al margen de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Justicia.

No estamos ante una huelga de jueces, es el paro de la APM. Una convocatoria aislada que desprecia el Acuerdo Social por la Justicia en el que están todos: el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y todas las asociaciones judiciales, todos excepto APM.

El Ministerio de Justicia ha apoyado todas las demandas razonables del colectivo judicial (ascenso forzoso, señalamiento, vacaciones, conciliación de la vida laboral y familiar). Estas demandas han sido avaladas en las cámaras por las principales fuerzas políticas y están recogidas en una ley que entrará en vigor a finales de octubre.

Este Gobierno es el que más ha invertido en Justicia, se prevé un incremento presupuestario del 13,77% para el Ministerio de Justicia en 2010. El presupuesto total es de 1804,82 millones, el mayor de nuestra historia. Ha aprobado recientemente el Plan Estratégico de Modernización 2009-2012 cuyo cumplimiento viene avalado por un incremento presupuestario de 218 millones de euros en 2010, un 102,88% con respecto al año anterior. Y en los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la modernización de la justicia.

Con el actual ritmo de creación de órganos jurisdiccionales, ya presupuestados, los socialistas habremos creado, al acabar 2012, 1.434 plazas de jueces, mientras que en los ocho años del PP se crearon 763, es decir, la mitad. Pues bien, a pesar de este esfuerzo financiero, que son hechos, los jueces conservadores han decidido no ir a trabajar hoy perjudicando a los ciudadanos porque han retrasado señalamientos previstos para este día. Según tengo entendido, hasta le sale gratis, porque no pueden descontarle la jornada de huelga en su nómina.

El diálogo con las asociaciones judiciales continúa abierto y desde el PSOE y el Gobierno lo que pedimos es un ejercicio de responsabilidad. Quizás quieren que se les suba el sueldo y no se atreven a decirlo. No lo sabemos. Lo mejor es que se lo expliquen a la ciudadanía, porque no se entiende que cuando gobernaba el PP y se invertía menos, los mismos que ahora ansían llamar huelga a dejar de trabajar, se ofuscaban si alguien los llamaba funcionarios. Al final, los jueces conservadores tendrán que decidir si son fuente de problemas o parte de la solución. La mayoría de las asociaciones ya lo han decidido. Los conservadores jueces parece que también. Esperamos que rectifiquen, porque de sabio es hacerlo. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia no parará. Esta vez la reforma va en serio, pero requiere la colegiación de esfuerzos de todos los implicados. No parece que la AMP vaya a poner su granito de arena.