«En la huelga de jueces hay precipitación; yo les diría que existen otras alternativas»

Begoña Álvarez Civantos dejó los despachos del Tribunal Supremo hace más de un lustro para pasarse al otro lado de la Justicia. Su meta: poner orden y concierto dentro de las competencias de la Junta, en la arcaica maquinaria de una justicia que pide a gritos un cambio. Después de haber realizado esta labor desde la delegación en Granada, ha dado un paso adelante y ahora lo hace para toda Andalucía desde Sevilla. Pocos pueden discutir que su trayectoria la convierte, quizá, en la consejera con más formación técnica en su área. Y se nota. No ha esperado a emprender cambios, algunos sonados, que se suceden a ritmo vertiginoso en una organización tradicionalmente aletargada. Sin perder de vista un sentido pragmático que asoma en cada uno de sus razonamientos, augura un cambio en la Justicia de Andalucía que se notará «en breve».

-Los jueces andaluces han convocado en la mayoría de las provincias una huelga para reivindicar más medios. ¿Qué les diría?

-Hay que respetar las medidas que adopte cualquier colectivo que quiera manifestar que la organización de la Justicia es un peso muy grande para cualquier trabajador. Jueces, fiscales, funcionarios, secretarios... Todos están soportando una carga de trabajo muy por encima de lo que deben. Y estamos trabajando para que eso no ocurra. Siempre nos hemos mostrados abiertos a que nos contaran sus necesidades. Así que yo les diría que es importante la comunicación entre administraciones, que hemos apostado hasta el extremo por el diálogo y que hay otras alternativas.

-¿En qué aspectos de la protesta se da directamente por aludida?

-Directamente, no. Por una razón: Asumimos que hay carencia de medios personales y materiales. Y vamos a trabajar en ello. Pero cualquiera que haya vivido el cambio de transferencias a la Junta habrá notado el cambio. Con inversión en infraestructuras, medios personales e informatización de cada uno de los juzgados, así como de dotación de equipos de videograbación en las salas.

-Si hay tantos esfuerzos y en el Gobierno se atisba una la voluntad de cambio. ¿Por qué cree usted que insisten en la huelga?

-Sí que hay medidas sobre la mesa y hay voluntad... Pero quizá haga mucho tiempo que se lleva hablando de cambio en la Administración de Justicia y no se ha materializado. Creo que ahora hay una unión de esfuerzos y una coordinación entre administraciones que no se dio en otras legislaturas.

-¿Desconfianza entonces?

-Más bien hay algún tipo de precipitación en los jueces, de impaciencia por ver los resultados de lo que va a significar el cambio. Ellos hacen un esfuerzo y quieren ponerlo de manifiesto. Pero insisto: es que hay otras formas de hacerlo y una de ellas es la comunicación. Una de las grandes asignaturas pendientes de los jueces. Cualquier problema, si se comunica debidamente, puede tener una respuesta. Todos sabemos que hay una organización que no funciona, pero si nos comunicamos podremos saber el esfuerzo que todos hacemos.

-Habla de ordenadores para todos, pero los jueces se quejan de que no son más que máquinas de escribir, que no exista un programa que ayude al control. ¿Por qué no se apostó hace años por una informatización eficiente?

-Hay diferencia entre Hacienda y Justicia. Ésta es más compleja. No hay ninguna administración en la que en una misma oficina haya un juez que depende del CGPJ, un secretario que depende del Ministerio y unos funcionarios que, en parte son un cuerpo nacional, y en parte están gestionados por la autonomía. Esta complejidad requiere, para emprender cualquier medida, de un esfuerzo añadido de consenso. Y esto hace que se retrase la modernización. De cualquier modo, es cierto que tenemos que ir a mejores medios y a la interconexión entre juzgados. Y así lo vamos a hacer en esta legislatura, adaptándonos además a la plataforma del Ministerio para estar comunicados con todas las comunidades autónomas.

-¿Y cuántos años costará ese paso de gigante?

-No es algo de hoy para mañana, pero en el plazo de esta legislatura va a ser posible.

-No le gusta hablar de plazos. ¿Será porque en Justicia cuesta arrancar?

-Es verdad que todos los proyectos de la Administración de Justicia parecen que son más lentos. Pero espero que esta tendencia cambie en esta legislatura.

-¿Es por una cuestión presupuestaria o falta de empuje político?

-No falta presupuesto. Hay dinero en Justicia, pero hay que administrarlo bien. Los políticos tenemos que exigirnos que el dinero esté donde tiene que estar: donde repercuta directamente en la ciudadanía. No creo que Justicia sea la hermana fea, pero sí la más compleja.

-Hablando de notificaciones y presupuestos. ¿Cuánto se ha ahorrado Justicia ya con la criticada decisión de recortar el gasto en taxis?

-Lo que se ha ahorrado en este mes no lo sé. Pero lo que sí se ha puesto de manifiesto es que hay dinero en Justicia, que hay que invertirlo bien y que estamos apostando por medidas de austeridad. La medida que cita, para nada perjudica a las notificaciones. Hemos invertido el dinero en otros planes como el de trabajar por las tardes. Y en notificaciones, también.

-Además de los taxis, retiró los refuerzos de funcionarios en casi todos los juzgados. ¿De verdad que no hay problemas de dinero?

-No los hay. No estamos quitando el dinero para no invertirlo en Justicia. Lo quitamos de donde no repercute directamente en el ciudadano. De ahí el plan de trabajo por la tarde: la gente espera que en época de crisis los asuntos de Mercantil y Social (laboral) se resuelva lo antes posible. Y ahí está el dinero.

-El proyecto de la oficina judicial resulta confuso. ¿Podría resumirlo?

-La gente oye hablar de eso como algo lejano que nunca se va a hacer. La idea es que varios jueces van a compartir a un secretario y estos se dedicarán a dirigir a unidades grandes de funcionarios, que se especializarán en distintos trabajos burocráticos que darán una respuesta más activa, más ágil, al ciudadano.