Berlusconi espera sentencia

Alea iacta est. La suerte está echada. Los jueces de la Corte Constitucional italiana darán hoy al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el veredicto final sobre la constitucionalidad del polémico Laudo Alfano, la ley aprobada en 2008 por el Parlamento a iniciativa del Gobierno y de su ministro de Justicia, Angelino Alfano -de ahí su nombre-, que otorga inmunidad judicial a Silvio Berlusconi, al presidente de la República, al presidente del Senado y al de la Cámara de los diputados. Su derogación por el alto tribunal puede suponer la reanudación de los procesos judiciales contra el primer ministro. El emperador se prepara para ser juzgado en Roma o, una vez más, aclamado por las masas.

Los quince magistrados que componen la Corte abrieron audiencia pública ayer y, tras deliberación, dieron el primer mazazo a los que esperan que su sentencia sea el principio del fin del berlusconismo: la Fiscalía de Milán no podía concurrir como parte en el proceso. Según las autoridades milanesas, que aspiraban a ser representadas ante la Corte por Alessandro Pace, la ley viola la igualdad de los ciudadanos y se trata de una norma que no fue aprobada con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido. El abogado abandonó «con amargura» la sede del Constitucional exclamando «lo veo mal. Creo que el Tribunal legitimará esta Ley ad personam».

Lo que para los opositores es una norma creada para que Il Cavaliere burle las causas judiciales que le acosan, para sus defensores, los abogados -y parlamentarios- Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella y Piero Longo, y para el representante de la Abogacía del Estado, Glauco Nori, es una necesidad de Estado para evitar la caída del Ejecutivo. Así lo expresaba el propio Nori en un texto remitido al Constitucional y filtrado por la prensa donde exigía que no se derogara la ley porque «se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones».

«Primus super pares»

Ayer, ante los jueces, negó que intentara con ello condicionar a la corte y alegó que la abogacía «ha defendido una norma, producto legislador del Parlamento, que el Estado tiene el derecho de defender». El juez relator, Franco Gallo, resumió al fin los tres recursos presentados contra la Ley Alfano: dos proceden de los jueces milaneses, uno por el caso del abogado inglés David Mills -ya condenado a una pena de 4 años y 6 meses de cárcel por falsear su testimonio a favor de Berlusconi a cambio de dinero- y otro por las irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de Mediaset, empresa propiedad del primer ministro. El tercero proviene de un juez de Roma que debe decidir si archiva o procesa a Berlusconi por instigar a la corrupción de algunos senadores durante la última legislatura.

Ante estas acusaciones sus abogados respondieron tratando de defender la constitucionalidad de la ley. Ghedini, letrado de confianza de Berlusconi, alegó que «la ley es igual para todos, pero no siempre su aplicación» y descartó que la ley de inmunidad sea aplicada sólo con ciertos delitos. Pecorella, por su parte, inventó un nuevo latinismo al considerar que no se puede considerar al primer ministro como «igual al resto de parlamentarios, es decir, no es un primus inter pares, sino que tiene que ser considerado como un primus super pares», ya que es el «único de ellos que recibe su legitimidad de la voluntad popular».

Otro de sus abogados, Piero Longo, afirmó que no se trata de una ley de inmunidad sino una mera tutela del derecho de defensa de un alto cargo. «Dado el difícil sistema geopolítico en el que vivimos», con las citas internacionales de Berlusconi, «sería para él imposible desarrollar a la vez su trabajo y tutelar su derecho a defenderse como imputado». El abogado recordó que la ley en disputa recoge todas las indicaciones de la sentencia de 2004 con las que la Corte Constitucional tumbó su precedente llamado Schifani-Maccanico.

deroguen la ley que le da inmunuidad