El archivo del chivatazo a ETA resquebraja el consenso antiterrorista

El consenso antiterrorista, uno de los escasos acuerdos que mantienen el Gobierno y la oposición, amenaza con saltar por los aires como consecuencia de la polémica por la petición de la Fiscalía de archivar la causa por el chivatazo a un miembro del aparato de extorsión de ETA que frustró una operación policial. El PP considera que es «un asunto muy grave» y acusó al Gobierno de no querer investigar lo ocurrido en 2006. El Gobierno y el PSOE pidieron calma al PP y que no ponga en entredicho la sintonía en la lucha contra ETA.

Los populares amenazaron reeditar el clima borrascoso de la pasada legislatura en torno la política antiterrorista. En esta ocasión no hay conversaciones con la organización terrorista o con la izquierda abertzale, pero el PP elevó casi a esa misma categoría su desacuerdo con la petición de la Fiscalía para cerrar la investigación sobre el chivatazo ante la imposibilidad de detectar al autor del aviso a la red de extorsión que operaba desde el bar Faisán de Behobia (Irún).

Mariano Rajoy guardó silencio y no se refirió a la petición de archivo del chivatazo y sus posibles consecuencias, durante su periplo por tierras burgalesas y vitorianas. Por su parte, los dirigentes del PP que sí hablaron tampoco se atrevieron a referirse a una ruptura, pero dejaron en el ambiente la impresión de que algo grave ha ocurrido.

El más beligerante fue el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que atribuyó al ministro del Interior ser «la inteligencia» que promovió el aviso a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, en pleno alto el fuego. «Estamos indignados y escandalizados» ante la petición de cerrar la causa, advirtió el dirigente opositor. Consideró además llamativo que la Fiscalía se muestre muy activa por «temas menores», en aparente alusión a las investigaciones del caso Gürtel, y, en cambio, sus responsables se quedan «paralizados» cuando se trata de investigar algo «realmente grave» como la colaboración de alto mando de las fuerzas de seguridad con ETA.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que «por culpa u omisión» la investigación ha sido insuficiente porque no determinó quién avisó a Joseba Elosua, miembro de la red de extorsión de ETA, de la inminencia de una redada. Sáenz de Santamaría anunció que, además de pedir las comparecencias en la Cámara del fiscal general y el ministro de Justicia, ha ampliado la solicitud a Pérez Rubalcaba para que explique si desde su departamento se van a «recabar» nuevas pruebas.

Gravísimo

También terció el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para calificar de «sectaria, arbitraria y política» la petición de la Fiscalía para archivar la causa de un «delito gravísimo», pues afecta a los mandos de la Policía en 2006.

El Gobierno intentó templar gaitas y su vicepresidente primera reclamó al PP que no ponga «en cuestión» el consenso antiterrorista por no compartir una decisión de la Fiscalía. María Teresa Fernández de la Vega indicó que el fiscal formuló su petición «en el ejercicio de su autonomía» y rogó al PP que no vea manos negras detrás de esa posición.

Más duro fue el portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, que achacó la virulenta reacción de los populares a los problemas que tienen con las revelaciones sobre la trama Gürtel y aprovechan una decisión de la Fiscalía para buscar su particular «vendetta» contra ella.