El Poder Judicial desautoriza la huelga de jueces y se niega a fijar servicios mínimos

La convocatoria de huelga de jueces anunciada para mañana jueves, fue desautorizada ayer por la máxima autoridad en la Justicia: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidió no fijar servicios mínimos, ni darse por enterado de la movilización de los magistrados, argumentando que en la actualidad una huelga de jueces no se ajusta a la ley por «carecer de soporte normativo».

En la provincia de Cádiz, la convocatoria -con la que los jueces protestan por la situación de la administración de Justicia- fue aprobada por una mayoría de los magistrados, reunidos hace una semana en una asamblea, donde más del 98% dijo sí a la huelga. Aunque cabe matizar que en esa misma junta de jueces, sólo estuvo presente el 54% de los titulares de los órganos unipersonales de la provincia.

Cabe recordar, además, que el paro está convocado por una única asociación profesional de jueces de las cuatro que existen en España: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Aunque se trata de la mayoritaria dentro de la judicatura.

El resto de asociaciones de la carrera judicial - la Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- se han desmarcado definitivamente de la movilización.

Además, a sólo un día de la celebración del paro catorce juntas de jueces -entre ellas, la gaditana- han apoyado la medida de protesta y presión: la de Córdoba, la de Ciudad Real, la de Toledo, la de Huelva, Extremadura y las cuatro provincias gallegas, además de las tres valencianas. Ya que ayer se descolgó una de las más numerosas, la de la comunidad de Madrid, cuyos jueces anunciaron no obstante que se reunirán en junta el mismo jueves para valorar un posible comunicado. La junta del partido judicial de Murcia, por su parte, pidió a las asociaciones que recuperen la «unidad», aunque con el objetivo de secundar todas la huelga.

Falta de regulación

La desautorización del Poder Judicial de ayer se debe a que la huelga «carece, en el momento actual, de soporte normativo», ya que no existen leyes que regulen la movilización de los jueces dentro de la categoría de huelga. No en vano, la convocatoria de mañana será la segunda de la historia, después de que se celebrase un paro anterior el pasado 18 de febrero, que estuvo secundada de manera irregular por los jueces: la mayoría de magistrados se declaró en huelga, aunque casi un 70% de ellos acudió a su puesto de trabajo.

La decisión del órgano de gobierno de los jueces fue aprobada por la Comisión Permanente del Consejo, en el que se destaca que «no procede tener por anunciada la convocatoria referida en el encabezamiento, ni fijar servicios mínimos, ni tener por tales los que pudieran señalar los que suscriben los diferentes escritos».