El gobierno golpista de Honduras ofrece a Zelaya un mandato transitorio

Al cumplirse cien días del golpe de Estado en Honduras, el presidente interino, Roberto Micheletti, admitió ayer la posibilidad de que Manuel Zelaya «podría volver al poder de forma transitoria» si se garantizaba la celebración de las elecciones de noviembre, a las que no podría presentarse el mandatario electo por la restricción que impone la actual Constitución. «Si se dieran los comicios en el país, transparentes, y elegimos al nuevo jefe de Estado, de ahí para allá se puede hablar de cualquier escenario, de cualquier solución», dijo. Al parecer y en cualquier caso, el nuevo mandato de Zelaya se limitaría al período comprendido entre la cita con las urnas y la toma de posesión del futuro Gobierno.

Micheletti siempre había rechazado rotundamente el regreso al poder de su rival. Una postura que en julio había impedido alcanzar un acuerdo para salir de la crisis institucional bajo la mediación del mandatario costarricense, Óscar Arias. El Ejecutivo golpista había invitado a Zelaya a volver a Honduras, pero sólo para que se le juzgara en un tribunal por su intento de convocar una consulta popular con el objetivo de reformar la Carta Magna y perpetuarse en el poder.

El jefe de estado de facto, quien para muchos observadores es la pantalla de militares y de las familias poderosas de la pequeña nación centroamericana, agregó que creía «que hay una razón para sentarse a dialogar, que es la patria primero; la restitución es una aspiración del señor Zelaya que habría que escucharla ya con mejores planteamientos».

«Fue un error»

Micheletti reconoció recientemente en una entrevista que su expulsión «fue un error», aunque defiende el derrocamiento de Zelaya al tratarse de una orden de la Corte Suprema y no una asonada militar. «Sí, nos equivocamos, pero tenemos que considerar que las personas que habían ido a cumplir esa tarea tenían miedo. Zelaya tiene seguidores y se podría haber provocado un enfrentamiento», afirmó.

Además, anunció ayer el levantamiento del estado de excepción que restringió varios derechos civiles durante más de una semana. El gobernante de facto explicó que la «decisión de anularlo totalmente» se basaba en que «había paz y el país va volviendo a la tranquilidad». La recuperación de las garantías constitucionales, que entrará hoy en vigor, era una de las condiciones impuestas por Zelaya para poder avanzar en el diálogo que busque una solución a la crisis que sacude al país centroamericano.