Valencia cerró el 'caso Camps' pese a conocer datos sobre financiación ilegal

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivó el 'caso Camps' el pasado agosto a pesar de conocer que en el sumario había ya datos que apuntaban la supuesta financiación ilegal del PP en esa comunidad. La corte valenciana sabía que, lejos de haber concluido, la investigación estaba en su fase preliminar, con muchos documentos casi sin estudiar que acababan de ser descubiertos en los registros. Fue Baltasar Garzón, el primer instructor del 'caso Gürtel', quien se lo comunicó de manera insistente al tribunal hace exactamente siete meses.

El pasado jueves, la Fiscalía pidió al Supremo la reapertura de la investigación sobre el presidente de la Generalitat y tres de sus colaboradores por la precipitación con la que el tribunal dio carpetazo al caso, sabedora de que esos datos sobre las cuentas de los populares ya obraban en poder de los jueces valencianos cuando decidieron archivar.

Baltasar Garzón, el pasado marzo, se inhibió a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia al encontrar indicios contra aforados del PP de ambas autonomías. Fue entonces cuando el magistrado de la Audiencia Nacional remitió al TSJCV un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que revelaba, por primera vez, la existencia de posibles irregularidades en las cuentas de la formación popular en Valencia. Según explicaron fuentes de la investigación, ese documento, fechado el 24 de febrero, se incluía en la «copia testimoniada de la causa» que fue remitida a la Comunidad Valenciana el 5 de marzo de este año.

Garzón advirtió expresamente y en varias ocasiones al TSJCV de que la Policía Judicial todavía estaba «practicando las primeras diligencias y análisis de la documentación intervenida» y que todo el caso se encontraba en sus preliminares. Es más, insistió a los jueces que la investigación se hallaba en «estado embrionario», por lo que ni siquiera el estudio de los 'papeles' incautados «ha concluido en este momento».

Los avisos a los jueces de Valencia de que la investigación seguía en marcha no se quedaron ahí. Baltasar Garzón reiteró en su comunicación a los magistrados que, sobre todo en lo referido a la financiación del partido y a las «comisiones en adjudicaciones amañadas», tocaba esperar el resultado de las diligencias policiales porque había «extremos pendientes de investigación». Es más, el juez de la Audiencia Nacional alertó al TSJCV de que las imputaciones y el dinero supuestamente recibido por la cúpula popular podían variar «una vez avance la investigación».

Según informaron mandos policiales, el polémico informe de 89 páginas de la Brigada de Blanqueo de Capitales que recoge numerosos datos que apuntan a la supuesta financiación irregular -y que el TSJCV rechazó incluir en la causa- es en realidad «una ampliación» (el «lógico desarrollo de las diligencias», según los investigadores) del documento de febrero en el que, «mucho más allá del asunto de los trajes», ya se anticipaba en diversos pasajes datos igualmente significativos.