La mitad de las comunidades tiene todavía pendiente la reforma de sus estatutos

Nueve de las diecisiete comunidades autónomas, más de la mitad, tienen aún pendiente abordar la reforma de sus estatutos de autonomía. La carrera por la elevación de los techos competenciales iniciada por Cataluña en el verano de 2006, con la entrada en vigor de su nuevo Estatut, no enganchó a la mayoría de las regiones españolas.

Buena parte de estas nueve comunidades, por diversas razones, aún no ha cerrado siquiera el debate sobre el momento en que abordarán la reforma. Son las menos las regiones que ya han dado los primeros pasos parlamentarios para la redacción del nuevo texto. En esta situación de espera están Euskadi, Navarra, Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Canarias. Las tres primeras no tienen prisa en abordar la reforma, la última falló en su primer intento, en otras la discusión está bloqueada por la distancia entre PP y PSOE y en la mayoría, una vez conocido el nuevo sistema de financiación, se espera con interés la sentencia sobre el Estatut que debe dictar el Tribunal Constitucional, para conocer los límites al desarrollo del Estado autonómico que fijará la corte.

Sólo Cataluña y otras cinco comunidades renovaron sus estatutos la pasada legislatura después de que el Congreso y el Senado modificasen y aprobasen los proyectos que le remitieron los respectivos parlamentos autonómicos. El primero en ser publicado en el BOE fue el catalán, el 20 de julio de 2006, y el último, el de Castilla y León, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2007. Entre medio, elevaron su techo competencial Andalucía, Comunidad valenciana, Aragón y Baleares. En todos los casos las mayorías cualificadas exigidas en los procesos de reforma sumaron los votos del PSOE y el PP salvo en el texto catalán, que fue modificado con el respaldo de socialistas y nacionalistas y con la frontal oposición de los populares, que lo impugnaron ante el Constitucional.

Otros dos intentos de reforma se estrellaron la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados. El más sonado fue el proyecto vasco, más conocido como plan Ibarretxe, que llegó del Parlamento de Vitoria respaldado sólo por los votos de los nacionalistas y de IU, y con la ayuda parcial pero determinante de Batasuna. El texto, considerado inconstitucional, ni siquiera fue admitido a trámite por el pleno del Congreso. El País Vasco, como Navarra, es una de las comunidades en las que todavía ni se han planteado una nueva reforma estatutaria, ante el convencimiento de que, ahora es imposible alcanzar un consenso entre PSOE, PP (o UPN) y nacionalistas.

Dos fracasos

El segundo fracaso de la pasada legislatura fue el del proyecto canario, cuyo Parlamento reclamó a finales del 2007 al Congreso la retirada del texto que le había remitido, que llevaba bloqueado meses en la Comisión Constitucional ante la negativa del PSOE a apoyarlo si no incluía una reforma del sistema electoral. Desde entonces, los partidos del archipiélago continúan sin éxito las negociaciones para remitir un nuevo proyecto al Congreso.

En situación intermedia están las dos autonomías restantes, Castilla La Mancha y Extremadura. El Congreso tramita en la actualidad los proyectos de nuevo estatuto aprobados por sus parlamentos, que de recibir el visto bueno deberán ser respaldados después por el Senado.

El texto de Castilla-La Mancha lleva bloqueado desde hace casi un año por el enfrentamiento entre los socialistas y populares de esta región con sus homólogos de Murcia y Valencia, que exigen que se retire del proyecto que el trasvase Tajo-Segura caducará en 2015. La situación podría desbloquearse si el Ejecutivo manchego, como ha insinuado, acepta retirar la fecha a cambio de que el texto reserve recursos hídricos suficientes para esta comunidad.

El proyecto de Extremadura, que recibirá el 17 de noviembre la luz verde del Congreso para el inicio de su tramitación, se espera que sea aprobado con rapidez porque, a priori, no hay puntos de fricción entre PSOE y PP.