Lastrados por el paro

El incremento del número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en 80. 367 personas durante el mes de septiembre, encadenando su segundo ascenso consecutivo, sitúa el total de desempleados en 3.709.447, lo que configura un horizonte que aún está lejos de la recuperación y que contribuye al aumento del déficit público. Una leve mejoría respecto a la cifra de destrucción de empleo del mismo mes en 2008 no puede bastar al Gobierno para atisbar señales de esperanza, ignorando que a la caída de contrataciones se suma el fuerte descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social y los pronósticos pesimistas de múltiples organismos nacionales e internacionales. Pero semejante voluntarismo en la percepción de una economía que en dos meses ha destruido 160.000 puestos de trabajo cualificados indica una actitud inmovilista y resignada de consecuencias inciertas. Sobre todo cuando el Ejecutivo acaba de entregar unos Presupuestos Generales del Estado en las que el incremento de la presión fiscal junto al recorte en los ámbitos de la competitividad y la innovación perfila unas Cuentas configuradas para sobrellevar el chaparrón del paro en lugar de incentivar la generación de condiciones para el empleo. Más allá de aspectos coyunturales que puedan explicar parcialmente el incremento del paro, como el fin de la temporada turística o el retraso en la contratación en el sector educativo, los datos certifican que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, como el Plan E, no son suficientes para movilizar la actividad y el empleo. Que otras economías como la estadounidense continúen perdiendo puestos de trabajo pese a leves síntomas de reactivación no puede justificar una disposición evasiva ante las inaplazables reformas estructurales que reclama el mercado laboral español con una tasa de paro que duplica la media europea y norteamericana. La resistencia del Gobierno socialista a contemplar medidas que no sean exclusivamente de carácter coyuntural, mientras apela a su voluntad de «no dejar a nadie tirado en la cuneta», puede conducir a una estabilidad social artificial. Pero de nada servirá el efecto paliativo de la protección social si España acaba saliendo de la crisis en los últimos lugares de los países desarrollados.