PP y PNV responsabilizan al Gobierno del secuestro
Ambos acusan al Ejecutivo de no haber tomado las medidas adecuadas y de ser incapaz de gestionar la prevención
MADRID Actualizado: GuardarEl Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco apuntaron ayer con el dedo acusador al Gobierno central y a la ministra de Defensa, Carme Chacón. Uno y otro coincidieron en idéntico reproche: de haber aceptado la petición de los armadores de embarcar infantes de Marina en los pesqueros que faenan en el Índico, los 36 tripulantes del Alakrana no estarían hoy secuestrados. «Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y sea capaz de gestionar el secuestro, aunque no sea capaz de gestionar la prevención», atacó el portavoz nacionalista, Josu Erkoreka.
El PNV ha encabezado en el último mes las iniciativas parlamentarias destinadas a lograr eso que reivindicaban los responsables de los atuneros. Hace apenas dos semanas, llevó al Congreso una moción para que España ponga en marcha las mismas medidas que Francia para repeler los ataques de los piratas somalíes. La iniciativa cosechó el respaldo de PP, CiU, Nafarroa Bai, Coalición Canaria y el BNG (163 votos), pero los socialistas lograron tumbarla gracias a la oposición de ERC, IU y UPyD.
Erkoreka argumentó que el hecho de que el barco apresado sea español y no francés no es en absoluto «casual» y que evidencia que los medios que ha destinado el Estado a la 'operación Atalanta' son insuficientes. Lo dijo antes de que el Estado Mayor de la Defensa confirmara que el 'Alakrana' se encontraba fuera del perímetro de seguridad acordado entre el Gobierno y las asociaciones pesqueras este verano. Pero conocer este dato no cambió su juicio y tampoco el del primer partido de la oposición.
La representante del PP en la comisión de Defensa afirmó que el Gobierno no ha actuado con la «debida diligencia» en la protección de los barcos que faenan en aguas internacionales frente a las costas de Somalia y, al igual que el portavoz nacionalista, reclamó al Ejecutivo que se replantee su negativa a subir infantes a bordo de las naves españolas. Una medida que los socialistas consideran jurídicamente inviable y contraria a la Ley de Defensa Nacional.
El más duro en sus recriminaciones fue, sin embargo, el alcalde de Bermeo, Xabier Legarreta. El primer edil, del PNV, alegó que lo ocurrido obedece a una situación de riesgo que ya había sido anunciada. «Es el momento de pedir responsabilidades con mayúsculas, tanto al Gobierno español como al Gobierno vasco». El lehendakari Patxi López se encuentra aquí en una difícil situación porque también él reclama más medidas de seguridad, pero sin arremeter contra las decisiones de Defensa. Según anunció su portavoz, abordará la cuestión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en una reunión prevista para el 5 de octubre.
Sin cambios
De momento, el Ejecutivo central no se plantea un cambio de postura. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, trató de zanjar el asunto al afirmar que «no es momento para abrir un debate público» ahora que la prioridad está en resolver la situación creada y preservar la seguridad de los tripulantes del Alakrana. «Queremos que estén libres cuanto antes, sanos y salvos; pero insisto a los pesqueros en que adopten las medidas de seguridad acordadas con la asociaciones y estén en permanente contacto con los efectivos de la operación Atalanta».
La número dos de Zapatero evitó cargar las tintas contra el capitán del atunero asaltado e insistió en que lo primordial es «recuperar una situación de normalidad». «Es verdad que estaba faenando fuera de la zona del perímetro acordado -recalcó- pero no es lo relevante».
De la Vega no quiso entrar en polémicas, pero los socialistas sí reprocharon a sus oponentes políticos que se lanzaran a la crítica antes de conocer los pormenores de lo ocurrido. Sobre todo, porque aseguran que los ataques contra Carme Chacón -que no se pronunció en todo el día- son injustos e injustificados. Recuerdan que fue ella quien lideró ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas varias iniciativas para incrementar la seguridad en la zona e insisten en que el derecho del mar impide el embarque de infantes de Marina en barcos no militares.