El juez volverá a interrogar a los diputados madrileños del 'caso Gürtel'

Vuelve el vía crucis judicial para los parlamentarios de Esperanza Aguirre imputados en la operación Gürtel, quienes llevan casi diez meses sumidos en el más absoluto silencio como estrategia de defensa. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira volverá a interrogar a finales de octubre a los tres diputados regionales que están en el epicentro de la tormenta corrupta en la Comunidad de Madrid y a los que la Fiscalía acusa de haber cobrado no menos de 1,2 millones de euros de las arcas de Francisco Correa a cambio de favorecer al empresario en numerosos concursos públicos y otros negocios.

De ellos depende. Sus confesiones, según la Fiscalía y los investigadores, podrían ayudar a reconstruir la génesis de la 'trama Gürtel', una pieza del complejo puzle de la que poco se conoce aún. Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco se negaron en primavera a declarar, acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio. Alegaron que no contarían nada hasta conocer las acusaciones que contra ellos pesan y, sobre todo, las pruebas sumariales que les implican.

Según explicaron esta semana fuentes judiciales, el magistrado Pedreira espera que tras el levantamiento parcial del secreto del sumario (al que accederán los imputados a partir de este martes) los tres aforados nacionales que forzaron que la parte central del caso Gürtel acabara en el TSJM se avengan a declarar. Sus testimonios son clave para conocer cómo Correa logró extender sus tentáculos en la Comunidad de Madrid, quién mediaba en las adjudicaciones irregulares y cómo se camuflaban los contratos millonarios en los que se fundó el imperio tejido por el jefe de la trama, que luego se trasladó al feudo de Francisco Camps.

El juez quiere saber cómo en 2004 Correa llegó al corazón del Gobierno de Madrid, a la Viceconsejería de Presidencia, entonces en manos del ahora imputado López Viejo. Este parlamentario, según las investigaciones, fue quien puso en marcha la estrategia -copiada en la Comunidad Valenciana a partir de 2005- de la adjudicación en cascada de contratos troceados, que nunca superaran los 12.000 euros para evitar los concursos públicos. En aquella época, Correa empezó a crear además numerosas empresas para ocultar la circunstancia de que todos los contratos terminaban siempre en las mismas manos, que también acabarían operando en Valencia.

'Pelotazos'

Martín Vasco, por su parte, es quizás el alto cargo que más debe saber del salto de Correa a la primera división de la corrupción: los pelotazos urbanísticos. Según los informes policiales, una conocida constructora pagó comisiones a Correa por hacerse con un proyecto millonario en Arganda. El empresario, a su vez, compró a Martín, entonces presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de ese municipio con 437.000 euros para amarrar un negocio cercano a los 73 millones de euros. Ése fue uno de las mayores cohechos que Correa logró en sus años de oro.

La trama Bosch-Correa era más modesta, pero para el Tribunal Superior de Madrid ilustra muy bien esos orígenes de la trama en uno de sus municipios talismán: Boadilla. Bosch, desde la Empresa Municipal de Suelo, abrió de par en par las puertas a la red. Primero fueron adjudicaciones directas de contratos de eventos a firmas de Correa como Down Town Consulting y Easy Concept Comunicación. Luego le entregó al jefe de la red la gestión de la Oficina de Atención del Ciudadano por 14 años. Y, por último, intermedió para que la empresa Hispánica se llevase la adjudicación de la construcción de la ciudad deportiva.

Pedreira no quiere dejar pasar por alto la oportunidad de volver a citar a otra de los imputados claves de la trama y que hasta ahora se ha negado a dar explicación alguna ni al actual instructor ni al anterior, el juez Baltasar Garzón. Se trata del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, El Albondiguilla, quien supuestamente recibió sobornos récords de la trama, superiores a 510.000 euros.

La diputada autonómica Mónica Oltra, del partido Iniciativa del Poble Valencià (IdPV), anunció ayer que ha presentado una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, por prevaricación al archivar el caso Gürtel. Oltra expresó su convencimiento de que la amistad declarada del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con el magistrado, influyó en el sobreseimiento de la causa.

Consideró «incomprensible» que De la Rúa no admitiera el informe policial en el que se señalaban «indicios racionales» de una presunta financiación irregular del PP valenciano por parte de varias empresas. Por todo ello, es al fiscal Conde-Pumpido a quien le corresponde pasar a la acción.