El juez retira la imputación a siete empleados de Correa

El juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, retiró ayer la acusación contra 7 de los 71 imputados en el sumario sobre la trama corrupta que salpica al PP. Se trata de empleados, abogados y administrativos que el jefe de la red, Francisco Correa, utilizó, sin su conocimiento, como hombres de paja y testaferros de sus empresas. El instructor, tras siete meses de investigaciones, considera que no hay pruebas de que estos subalternos conocieran que sus nombres y cargos eran utilizados para opacar los tejemanejes empresariales de Correa, en particular para el blanqueo de capitales. Las personas exoneradas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid son: Fernando Torres Manso, Antonio Herrero González, Christian Rodríguez Maza, Carmen Moyano Ruiz, Eva Mario Sabio Villacorta, Carmen Luis Cerezo y Verónica Castañé García. Todos ellos, según la Policía, han colaborado desde el principio con los investigadores y el instructor para tratar de desenmarañar la madeja de firmas tejida por Correa y los suyos y para tratar de localizar los millones de euros que el cabecilla de la trama de blanqueo en el extranjero.

Entre los acusados desimputados destaca Christian Rodríguez, que era uno de los teóricos gestores del patrimonio de Correa. Pedreira subraya la importancia de la documentación aportada por el hasta ayer imputado. Además, dice el juez, Rodríguez «desconocía la actividad de las mercantiles cuya gestión se le había encomendado». Similar es la situación de Fernando Torres, apoderado de Special Events, el buque insignia del Grupo FCS. A pesar de su cargo, era un simple «empleado» sin «que conste que conociera la forma de gestionar las empresas vinculadas a Correa». Tampoco hay «pruebas bastantes» en el sumario de que Castañé, ex administradora de Easy Concept (la empresa de comunicación de la trama y que fue muy beneficiada por contratos del PP) fuera «consciente» de la «actividad delictiva» que sus jefes realizaban con esa firma. También salen de la lista los empresarios Sabio y Herrero. La primera, ignoraba las irregularidades. El segundo tampoco estaba al tanto de los chanchullos. Luis Cerezo, sólo se limitó a firmar un contrato de una caja de seguridad usada por la red sin tener más conocimiento, y Moyano, empleada del despacho R.Blanco-A.Guillamont, se dedicó la «recepción y entrega» de e-mails.