El decano de Algeciras (izquierda), la de Cádiz y el de Jerez, en la Audiencia. / MIGUEL GÓMEZ
Ciudadanos

La mitad de los jueces de Cádiz votan sí a la huelga del próximo 8 de octubre

La asamblea provincial apoyó en un 98% secundar la movilización, pero el 46% de los profesionales llamados a consulta no acudió ayer a la cita en la Audiencia de Cádiz

CÁDIZ Actualizado: Guardar
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Por segunda vez en la historia, los jueces de Cádiz han sido consultados sobre su postura ante una huelga del colectivo profesional y por primera vez, en el caso de la provincia gaditana, se ha dado un sí mayoritario a secundar una movilización convocada para el próximo 8 de octubre; exactamente para dentro de una semana. Si bien el voto favorable a la huelga, que se produjo ayer en una asamblea provincial celebrada en la Audiencia de Cádiz, está sujeto a un matiz importante y es que el 46% de los jueces y magistrados de órganos unipersonales que estaban llamados a consulta ni siquiera acudió.

La decana del colectivo en la capital, Nuria Orellana, subrayó que «muchos compañeros» no pudieron librarse de su quehacer profesional por estar de guardia. En concreto serían 14 jueces -uno por cada partido judicial que hay en la provincia- los que ayer estaban localizables para atender los asuntos que llegan a los juzgados de guardia. Aunque este periódico supo de profesionales a través de fuentes de la judicatura gaditana que desoyeron la convocatoria porque simplemente no están de acuerdo con la movilización, pese a que tuvieron la oportunidad de mostrar su voto disconforme.

Divididos

Dejando a un lado ese matiz sobre la participación, lo cierto es que más de la mitad de los jueces acudió a la llamada (el 54%) y el 98% «considera insuficiente el Plan de Modernización presentado por el Ministerio», aseguró el decano de Jerez, Juan José Parra, quien junto a su homóloga de Cádiz y el de Algeciras dieron los resultados de la asamblea al término de ésta: de los 48 asistentes, 43 votaron a favor de la huelga, cuatro se postularon en contra y sólo se registró una abstención.

La fractura en la judicatura, dividida entre los que quieren endurecer las protestas contra el Gobierno central y los que están por la labor de darle un voto de confianza, tiene su fiel reflejo en la propia convocatoria. Ésta ha sido impulsada por sólo una de las cuatro asociaciones profesionales del colectivo. Los jueces conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) son los que rezan como convocantes. Si bien la APM, a la que pertenecen los decanos de Cádiz y Jerez, es la mayoritaria en la carrera. Las otras tres, la progresista Jueces para la Democracia, la minoritaria Foro Judicial Independiente y la moderada Francisco de Vitoria se han desmarcado.

El precedente

Esa desunión también se evidenció en las protestas de febrero en Cádiz. Esa vez la junta provincial optó por postergar la huelga para el 26 de junio, cita que fue finalmente suspendida, y reservar el 18 de febrero para realizar concentraciones en sedes judiciales que presentan serias carencias como los juzgados de San José, en Cádiz, o el edificio de Francisco García Figueras, en Jerez. Cuando llegó el día, la profesión se dividió entre los que se limitaron a hacer el paro acordado de una hora y regresaron al trabajo, los que hicieron huelga y aquellos que se lo tomaron como un día laboral más.

Como en cualquier conflicto cuya participación se mide al dedillo por los interesados, no estuvo exenta de la guerra de cifras. El Consejo General del Poder Judicial cifró la protesta de los jueces gaditanos en sólo un 25% de seguimiento; mientras que los jueces decano de la provincia definieron la participación de «masiva».

Las razones para ir a la huelga dentro de una semana son las mismas que en febrero, pero con el ingrediente añadido, según los convocantes, de que no se han visto avances desde entonces: «falta de medios para administrar justicia, un sistema decimonónico que no da una respuesta eficaz al ciudadano y un descontento generalizado en la carrera judicial que ve como no puede realizar su trabajo en condiciones», enumeró el decano de Algeciras, Jesús Manuel Madroñal. Y una vez más se lanzó un mensaje a la opinión pública: «La gente debe saber que no nos ponemos en huelga para ganar más sueldo. Esto es una protesta para y por el ciudadano, que tiene derecho a una justicia eficaz», apuntilló Juan José Parra.