Pacto urgente

El breve encuentro que mantuvieron ayer el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, permitió alentar la esperanza de un Pacto de Estado en torno a un tema que hasta la fecha no había concitado más que discrepancias entre socialistas y populares. El sistema educativo español precisa un consenso urgente que garantice su estabilidad y el ejercicio responsable de una competencia que corresponde a las autonomías. Para eso los dos principales partidos han de renunciar a considerar el terreno educativo como la última reserva en la que dirimir sus cuitas ideológicas. A partir de ahí las formaciones parlamentarias han de entender que la educación constituye, sobre todo, una realidad social y sociológica. La aprobación de ocho leyes orgánicas de educación en lo que llevamos de democracia representa un sinsentido que ha acabado dilapidando esfuerzos y descentrando al propio sistema respecto a los que han de ser sus objetivos esenciales: propiciar la igualdad de oportunidades y elevar permanentemente la calidad de la enseñanza. La transmisión de valores -como el respeto a la autoridad docente, la disposición al esfuerzo y al aprecio por la excelencia- no depende tanto de las leyes como del comportamiento que muestren los padres respecto a sus hijos. Por otra parte, incrementar el aprecio social hacia la Formación Profesional y dotar a la enseñanza universitaria de los medios suficientes para enfrentarse a las exigencias de la competitividad depende más de la actitud social y de los medios económicos dispuestos para ello que del articulado de las leyes. Pero el anunciado Pacto no debe olvidar que el éxito de la enseñanza ha de partir del acierto educativo en los primeros años de vida, y que ha de asentarse en la plena colaboración entre padres, profesores y alumnos.